Sin demasiadas concesiones a la oposición, la gobernadora logró que la Legislatura apruebe el proyecto oficial que prevé gastos para 2018.
Con el visto bueno de distintas fuerzas que responden al peronismo, y con pocas concesiones a estos espacios, la gobernadora María Eugenia Vidal logró que la Legislatura apruebe el presupuesto y la ley impositiva para 2018 y el Pacto de Responsabilidad Fiscal Municipal.
Con mayoría en las dos cámaras, el oficialismo logró que el paquete de iniciativa para definir los gastos para el año que viene tuviera luz verde. En Diputados, con el voto del FPV dividido, hubo 77 votos a favor y 15 en contra. En el Senado, 8 negativos y 2 abstenciones sobre un total de 46 legisladores.
Entre las normas aprobadas figura el proyecto que fija un nuevo tope al gasto legislativo, que determina que el total de gastos sea bajado del 1,5 actual al 1,2 por ciento del presupuesto provincial. Significa un ahorro de 2500 millones de pesos. Además se sancionó en ley el presupuesto del Senado con la misma reducción.
Respecto de la llamada “ley de leyes”, para el titular de Diputados, Manuel Mosca, es el presupuesto más “progresista de los últimos años, porque incrementa la inversión en obra pública, reduce el déficit y la presión tributaria para actividades productivas, con el fin de crear empleo genuino”.
Luego de negociaciones en las que participaron todos los sectores políticos, incluidos jefes municipales de diversos distritos, dirigentes rurales, entre otros, que intercambiaron opiniones con legisladores y ministros del Poder Ejecutivo, se incorporaron modificaciones al proyecto original.
Entre los cambios, se fijó un límite de 1000 millones de dólares para endeudamiento oficial a través de proyectos de participación pública privada; también que el porcentaje atado a obras del Fondo Educativo baje del 85 al 50 por ciento para intendentes del conurbano y al 40% en el caso de los del Interior.
La ley del presupuesto bonaerense 2018 proyecta gastos de 630.000 millones de pesos; prevé un crecimiento del 3,5% de la economía bonaerense e incluye una baja en la presión tributaria a 5,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG).
Desarrollo Social es el sector más beneficiado con un aumento en los gastos del 30% y le siguen Infraestructura con 22% y Salud con el 19%, de incremento en inversiones.
En el presupuesto 2018, los recursos propios se calculan en 599 mil millones de pesos. Asimismo, prevé un déficit de31 mil millones de pesos, relacionados con los gastos de capital y, además, se contempla un endeudamiento por 60 mil millones de pesos destinados a financiar obras públicas y atender los servicios de la deuda.
El gasto total del Poder Ejecutivo sube un 20,5%; en cambio, para Salud y Justicia, los incrementos son del 34 y el 38 por ciento, respectivamente, mientras que los fondos para la Dirección General de Cultura y Educación tienen una suba del 28,5% respecto del 2017.
Los recursos en obras hidráulicas en el territorio bonaerense, para evitar o mitigar el impacto de las inundaciones, tienen un salto de 89%.
La baja de impuestos proyectada para 2018, mediante la Ley Impositiva, tiene un costo fiscal de $ 10.000 millones y abarca a Ingresos Brutos (IIBB) en cada sector: unas 3.900 grandes industrias, por ejemplo, pagarán una alícuota de 1,5% (frente a 1,75% actual.
Están exentas, además, las Pymes fabriles que facturen hasta $ 78 millones, y cuyo tope es hoy de $ 52 millones, lo que implica una variación de más del 50% y alcanza a unas 40.000 compañías.
Para la construcción, la alícuota del gravamen de ingresos brutos baja de 4% a 3% en beneficio de 39.000 compañías; para unos 15.000 pequeños comercios que facturen hasta $ 2 millones se reduce de 3,5% a 2,5%; y para unas 2.200 carnicerías también cae al 2,5%, desde el 3,5 a 5% actual.
Unos 3.800 pequeños productores agro-ganaderos tendrán alícuota cero cuando facturen hasta $ 3 millones anuales.
Se recorta asimismo la alícuota del impuesto a los Sellos, de 3,6% a 2% para la compra venta de inmuebles, como también para autos cero kilómetro ese gravamen y el de IIBB bajan de 3 y 3,5% respectivamente, al 2,5%.
Hay aumentos en el impuesto Inmobiliario Urbano, que van del 40 al 70%, según la valuación de las propiedades, y de una suba del 50 por ciento, promedio para el Rural, aunque quedan exentos campos de menos de 50 hectáreas y los que se inundaron en 2017.
Se votó, además, las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal que establece límites al gasto corriente y el endeudamiento de las comunas. Aquellos municipios que no adhieran a la norma, no contaran con asistencia financiera del gobierno provincial.
En principio, los municipios no pueden subir su gasto corriente más allá de la pauta inflacionaria fijada por el gobierno nacional, y seguir con la política que en esa materia fija el gobierno provincial.
Tampoco endeudarse por más del 8% de recursos corrientes ni aumentar la planta de empleados comunales por sobre el crecimiento vegetativo de la población.
Los jefes comunales no podrán incentivar el gasto corriente en el último semestre; asimismo, se las exhorta a armonizar sus tasas con las de los municipios vecinos y según las pautas seguidas por el ejecutivo bonaerense.
Al inicio de la sesión, los diputados acordaron autoconvocarse, como hicieron los senadores, a sesiones extraordinarias y se comprometieron a realizar una sesión el próximo 30 de noviembre.