El hermano del ex intendente de La Plata, sobre quien pesaba una orden de captura por presunta coima y asociación ilícita, se entregó y está preso.

Mariano Bruera y su abogado, Alejandro Montone.
Mariano Bruera, el hermano menor del exintendente de La Plata, Pablo Bruera, se entregó en la fiscalía platense junto a los funcionarios que integraban el gabinete municipal, Enrique Sette, Roberto Moreno y Gustavo Petró y ya fueron indagados por el fiscal que investiga la causa por asociación ilícita y pedido de coimas, Jorge Paolini.
En las horas previas, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal ratificó el fallo de la jueza de Garantías, Marcela Garmendia y dispuso la detención de Bruera, que ahora está detenido en la comisaría de Punta Lara, por presunto pedido de coimas y asociación ilícita para habilitar lotes destinados al ProCreAr., según indicaron fuentes judiciales.
Los integrantes de la Cámara, en un fallo unánime, también dispusieron el pedido de detención que pesaba sobre los ex funcionarios Sette, Moreno y Petró, negando la eximición solicitada días atrás.
La causa comenzó cuando el empresario Guillermo Andreau, denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron, en 2014, 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del ProCreAr.
De acuerdo a las escuchas telefónicas que constan en la causa, tanto Mariano Bruera como el ex director General de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, y el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, integraban una “red de corrupción” que operaba en el municipio platense, durante la gestión como intendente de Pablo Bruera.
El Fiscal de Delitos Complejos que investigó el caso, Jorge Paolini, también involucró a los empleados Cristian Ybarra y Raul Moriatti, ya detenidos desde hace diez días.
A Sette, Moreno e Ibarra se les imputa los delitos de “exacciones ilícitas y cohecho pasivo” y formar parte de una asociación ilícita todos estos hechos en concurso real. A Petró y a Bruera les atribuyen el “delito de asociación ilícita”.