Quiere que el máximo tribunal sea el único con injerencia en el tema. Igual, accedió a “flexibilizar” el ajuste. Ampliará la tarifa social, ayudará a entidades de bien público y reducirá costos a las pymes.
Los defensores del Pueblo antes de ingresar a la reunión con el ministro Aranguren. Después anunciaron la felxibilización de la tarifa social y los beneficios para clubes, entidades de bien público y pymes.
Cuando el Gobierno nacional tomó un atajo y le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ponga punto final a la avalancha de amparos que traban la plena aplicación del tarifazo de luz y gas, a través de un «per saltum» que eluda todas las etapas normales de intervención de los tribunales de primera o segunda instancia, esperaba resolver la cuestión con celeridad.
La estrategia del Gobierno es que se unifiquen todas las causas de los amparos y la Corte decida al respecto, pero “se está tomando su tiempo”, se quejó ansioso ante F5 Diario una alta fuente de la cartera energética, sin considerar que solo pasó de una semana desde que la Pocuración General del Tesoro presentó el requerimiento ante el máximo tribunal.
Lo cierto es que el apuro del Ejecutivo nacional “choca con los tiempos de la Justicia”, señaló otra fuente oficiosa, que especuló sobre el caso: “la Corte seguramente fallará como espera el Gobierno; estudiará y resolverá la cuestión con ejecutividad, pero sin apuros”.
La jugada de recurrir a la Corte pone en evidencia la decisión del Gobierno de sostener a rajatabla la adecuación tarifaria en los servicios públicos, más allá de la ola de reclamos, quejas y manifestaciones contrarias que se suceden a lo largo y ancho de todo el país y que tienen su correlato en el aluvión de pedidos de amparo que los jueces reciben casi a diario.
De todas formas, las fuentes consultadas admitieron que independientemente de que esperan un rápido y favorable fallo del máximo tribunal, la decisión del gobierno es “flexibilizar al máximo” el acceso a la tarifa social, para que “todos los que la necesiten puedan acceder”, trámite que corre por cuenta de la cartera de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.
Puertas adentro del Pro hay voces que no se acallan y que apuntan contra Aranguren por la forma en que manejó el ajuste. Se quejan de que no se armó una amplia red de contención social para evitar que el tarifazo (que nadie cuestiona y que todos sabían se iba a aplicar) impactara sin anestesia – como ya comenzó a verse- no sólo en la franja más vulnerable de la población, sino en los estratos que conforman la base de sustentación del voto Pro.
En término prácticos, esa “flexibilización” del cuadro tarifario comenzó a evidenciarse en las últimas horas cuando los defensores del Pueblo de la República Argentina encabezados por el ombudsman de Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, salieron de un encuentro con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y anunciaron que antes de fin de mes esa cartera iba a reglamentar la ley que regula y reduce las tarifas de los clubes e instituciones; y un beneficio para las pymes electro intensivas que tendrán un descuento del 20%, como ya lo había adelantado el presidente Mauricio Macri.
El ablandamiento del tarifazo también se puso de manifiesto hoy al oficializarse el pago del retroactivo que contempla el 40% del subsidio a las tarifas de gas y agua, de las facturas que ya abonaron los clubes de barrio y de pueblo de todo el país.
La resolución 615 publicada en el Boletín Oficial establece que el reintegro se realizará retroactivo al 1° de abril a todos las instituciones que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, creado a partir de la ley 27.098, que establece el listado de entidades beneficiarias de la tarifa social.
«El aporte se otorga sin perjuicio de las contribuciones que ya hubieran dispuesto al respecto las provincias o municipios y las que pudieran adoptar las que todavía no lo hubieren hecho dentro de su jurisdicción», indicó la resolución que lleva la firma del ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich.
Esta medida se suma a la del 14 de junio pasado por la cual el Gobierno también oficializó un pago retroactivo del 40% de subsidio a las facturas de luz pagadas por los clubes, que ahora se ampliará cuando se reglamente la Ley nacional 27.218, que establece un régimen tarifario específico para las entidades de bien público.