El monitoreo a cargo del área de la Defensoría del Pueblo que encabeza Marcelo Honores, apuntó a verificar condiciones de internación y medidas adoptadas para prevenir contagios de COVID-19, en 14 distritos de la Provincia.
Un relevamiento que abarcó a 50 instituciones privadas en 14 distritos de la Provincia, en las que están internados usuarios de servicios de salud mental, desplegó la Defensoría del Pueblo bonaerense desde el arranque mismo del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), con la finalidad de garantizar los derechos de ese colectivo y supervisar las condiciones y medidas de prevención que se adoptaron en el marco de la pandemia por COVID-19.
El trabajo, realizado a través del equipo técnico de la secretaría ejecutiva del Órgano de Revisión Local (ORL) de salud Mental que encabeza la Defensoría y conduce el Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, permitió elaborar un diagnóstico sobre las condiciones de vida de las personas alojadas en 27 clínicas privadas; 12 comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación (con abordaje en consumo problemático de sustancias); 9 hogares de discapacidad (con perspectiva en salud mental); y 2 hospitales especializados.
Los establecimientos relevados están situados en Castelar, Banfield, Lanús, Villa Astolfi, Villa Rosa, Pilar, Avellaneda, Moreno, Bernal, Quilmes, Ituzaingó, Adrogué, Olavarría, Mar del Plata, San Pedro, Uribelarrea y La Plata, a los que se les pidió información sobre el estado actual de cada uno de ellos; la cantidad de usuarios internados; se delimitó la población considerada de riesgo y se evaluaron los casos de niños, niñas y adolescentes.
Honores reflexionó que “las personas en situación de discapacidad psicosocial e intelectual que se encuentran internadas en establecimientos de salud mental, constituyen una población altamente vulnerable, lo cual hace indispensable que las instituciones adopten medidas tendientes a garantizar derechos y resguardar su salud integral”.
El monitoreo global que desplegó el ORL permitió establecer que, entre otros cuidados para evitar contagios, los centros de salud decidieron restringir la cantidad de personal presente en los equipos de salud y enfermería; redujeron los planteles profesionales que llevan adelante los talleres y las actividades contextuales; y limitaron las visitas de familiares y de referentes afectivos.
Sobre la continuidad de los tratamientos en salud mental, el informe detectó que cada institución implementó sistemas de comunicación remota y modalidades de abordajes virtuales para seguir con los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, del mismo modo para los espacios de musicoterapia y actividades contextuales.
El relevamiento también observó que tanto en comunidades terapéuticas como en clínicas privadas, se produjo “cierta interrupción y detenimiento en los procesos de externación”.
En ese sentido, el ORL consideró que es de “fundamental importancia que los equipos de salud mental prosigan con las externaciones o altas definitivas de las personas institucionalizadas, evitando prolongar las internaciones, a pesar del contexto adverso actual de la pandemia”.