21-03-2016

Rumbo correcto, implementación con demoras

Por Luis Domenianni (*) – Columna del diario Democracia de Junín

Remarcación de precios

La escalada de precios golpea a los bolsillos y mientras la paciencia de la población disminuye, el gobierno nacional no encuentra cómo frenar la inflación.

Luis DomenianniLos primeros cien días de gobierno del presidente Mauricio Macri dejan como saldo un camino a recorrer que apenas fue iniciado.

Desde lo formal, así lo marca el escaso tiempo transcurrido desde el 10 de diciembre del año anterior. Desde lo profundo, se trata de alcanzar una recuperación que no comienza desde cero, sino que debe, obligatoriamente, revisar lo anterior, desarticularlo y avanzar en una normalización que quedó ultrajada por el kirchnerismo.

Macri inició su gobierno con una serie de medidas como la finalización del cepo cambiario, la eliminación o disminución – caso soja- de las retenciones y la liberalización de las exportaciones agropecuarias.

El Presidente apuntó al sector que, con cierta rapidez, puede dar respuesta a un estímulo desde el gobierno. Completó el cuadro con la inevitable devaluación consiguiente.

Fue una señal interna pero, sobre todo, externa: la Argentina no continuaría con sus políticas anti mercado y, por tanto, se reubicaba entre la casi totalidad de las naciones que adhieren, con sus más y con sus menos, a la libertad en materia económica.

Si bien miles de problemas se acumulaban en derredor del nuevo gobierno, el Presidente prefirió prestar atención al sector externo y hacia allí dirigió sus pasos.

Y fue a Davos, Suiza. A la cumbre del capitalismo mundial con jefes de Estado y de gobierno, con banqueros, con industriales. Dijo entonces cuanto todos esperaban que dijera. El anuncio del retorno de la Argentina a la comunidad internacional.

Desde lo político, Macri cosechó apoyos rápidamente. A la llegada al país del primer ministro de Italia, Matteo Renzi y del presidente de Francia, Francois Hollande, se suma la definitoria del presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, en la semana que se inicia.

Definitoria porque la presencia de Obama emite un certificado de membresía en el concierto de naciones.

La cuestión del default

Claro que los gestos son necesarios, pero no suficientes. El escollo a superar es el default, la falta de pagos a los acreedores externos que no ingresaron en ninguno de los dos canjes de deuda anteriores y cuyas acreencias fueron adquiridas por los llamados «fondos buitre».

Para que ello ocurra, resulta imprescindible derogar las leyes llamadas «cerrojo» y «pago soberano».

Por la primera, la Argentina imaginó que con un acto unilateral la deuda dejaría de existir. Por la segunda, se le ocurrió cambiar las condiciones de pago para birlar las decisiones del Tribunal neoyorquino donde está radicada la causa principal.

A nadie, salvo a los K, se les puede ocurrir semejantes despropósitos ¿Desde cuándo el deudor decide, sin consecuencias, no pagar lo que debe? ¿Desde cuándo alguien imagina que se puede llevar puestas las resoluciones de un tribunal de los Estados Unidos como si su titular fuese Norberto Oyarbide?

Con criterio, el gobierno resolvió liquidar el pleito. Las leyes quedaron derogadas en Diputados. Resta su tratamiento por el Senado donde no será fácil reunir una mayoría apabullante como la lograda en la Cámara baja, pero donde el gobierno muestra optimismo respecto de la sesión del 30 de marzo próximo.

Es que a la fecha, con las últimas resoluciones del juez Thomas Griessa, claramente favorables a la Argentina, las consecuencias del default quedaron, en la práctica, suspendidas. Así la provincia de Buenos Aires pudo tomar deuda – si bien a una tasa alta- por 1.200 millones de dólares.

Todo el peronismo «patalea» en referencia al tema, pero casi nadie parece dispuesto a sacar los pies del plato. En Diputados, la mayoría lograda por el gobierno de 165 afirmativas fue contundente.

Nadie imagina sorpresas en Senado, dado el mayor peso allí de los gobernadores, tan necesitados de fondos como el Estado Nacional. Pero, no es cuestión de descuidarse hasta el momento mismo de la votación.

Un cambio, por mínimo que sea, remite el proyecto a Diputados para un nuevo tratamiento y la fecha tope para saldar la deuda es el 14 de abril. No falta casi nada.

Por lo tanto, capítulo más o menos encaminado, pero aún distante de quedar cerrado.

Frente económico

Si el frente externo parece a punto de quedar saldado, para nada ocurre lo mismo con el económico. Y, si bien es cierto que el segundo depende en alguna medida del primero, la dependencia no es completa.

Desde el gobierno, salieron a presionar sobre la oposición – renovadora, PJ y kirchnerista- con aquello que dice que si no se abre el camino para el endeudamiento externo no queda otro camino que el ajuste o la hiperinflación.

Casi como que el dilema planteado es acertado, pero si bien resulta factible descartar por completo la hiperinflación si el «arreglo» del default sobreviene, no necesariamente la cuestión inflacionaria queda automáticamente resuelta.

El gobierno, con un no habitual tacto político, demostró que ante la carencia de mayorías legislativas y la necesidad de sumar aliados, el camino del acuerdo le resultaba el único posible.

Y el acuerdo lleva consigo un precio: el del gradualismo económico.

No es un camino fácil. Es una carrera contra el tiempo que suele postergar el momento de la salida y que puede generar consecuencias de orden político.

Veamos. No son pocos los economistas que vaticinan una inflación para el corriente año superior al 25 por ciento anual, guarismo que fue el techo que admitió el gobierno como probable. Ya se habla de un 30 por ciento. Y un 30 por ciento es mucho.

La apuesta gubernamental consiste en imaginar un mayor movimiento económico a partir del segundo semestre del año. Mayor movimiento que se traducirá en una mayor recaudación impositiva y, por ende, reducir porcentualmente el déficit fiscal que hoy se sitúa en la estratósfera: más del 7 por ciento del Producto Bruto Interno.

Puede salir bien, pero es una apuesta arriesgada. Sobre todo, si el gobierno mantiene altos los gastos del Estado.

De momento, el recorte de gastos más evidente es la publicidad oficial. Casi no se gasta nada. Curioso, el gobierno cede un terreno en el que mostró eficacia. En personal, en cambio, si bien la reducción existe, es francamente menor, pese a las quejas del sindicato ATE.

No se acerca, ni por asomo, a la cantidad de agentes públicos nombrados en el último año de gestión K, en la Nación, en algunas provincias y en algunos municipios.

Y, por último, el capítulo subsidios que, de momento, solo fueron eliminados parcialmente – es correcto preservar el subsidio para los hogares de menores ingresos- los correspondientes a la energía domiciliaria en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense.

No cierra. Así, no cierra. Así, la inflación continuará alta. Y así, se pone a prueba la paciencia de la población.

Por el momento, cualquier encuesta muestra predisposición para acordar con los acreedores externos y preocupación por la inflación. Bueno por lo primero, pero con un toque de alerta por lo segundo.

En criollo, las encuestas no dicen que se debe pagar lo que se debe porque es una obligación, sino que evidencian una actitud condicionada: apoyo el arreglo para resolver el problema inflacionario.

Tal vez por ello, el gobierno salió ahora a decir que la causa de la inflación hay que buscarla en el Estado.

¿Es una apertura de paraguas? Quizás. Hace falta definir una política anti inflacionaria más clara y contundente. Tal vez, después del tratamiento por el Senado de la derogación de las dos leyes que impiden terminar el pleito con los «holdouts», se anuncie y se lleve a cabo.

Frente político

Todo parece marchar relativamente bien en el frente político. La necesidad de acordar que el gobierno padece lo lleva a ceder espacios por doquier. También aquí, el cierre del pleito con los acreedores puede deparar un cambio de actitud.

No se trata de confrontar aunque la confrontación resultará inevitable cuando se avecine el año electoral del 2017. Pero, cierta pasividad del gobierno abre algunas dudas.

En particular, en lo que se refiere a la corrupción del gobierno anterior. Cada día se conocen nuevas maniobras llevadas a cabo con una impunidad asombrosa.

Desde la no liquidación de impuestos a los combustibles y sobre los peajes que el socio de los Kirchner, Cristóbal López, llevaba a cabo sin sufrir la más mínima molestia por parte de la AFIP, hasta los obscenos recuentos de dinero del hijo del otro socio de los Kirchner, el ex pobre Lázaro Báez.

No se puede decir que la Justicia está paralizada como lo estaba en la época K, pero no avanza a la velocidad que debiera hacerlo. Es el periodismo y no los jueces o los fiscales quienes destapan las ollas, consiguen testigos, muestran videos o alcanzan audios.

Claro, para cualquiera es fácil concluir que, la vigente, es una justicia compuesta de no pocos magistrados nombrados por los K y de muchos que pactaron con ellos impunidades de toda clase.

Ese estado de descomposición de la Justicia no es obra del macrismo, ni mucho menos, pero no parece incomodarse demasiado, al menos, por el accionar de las nuevas autoridades.

Una cosa es no caer en revanchismos y otra muy distinta es casi no abrir juicios frente a la gravedad de los hechos.

Tal vez, también aquí el acuerdo con los acreedores condicione la política gubernamental, pero dos cuestiones llaman la atención: por un lado, que se lo considere un tema no central o de mero interés judicial.

Por el otro, que no se lo considere a la luz de la escasez de anuncios que el gobierno puede formular hasta la fecha.

En la Argentina, como ahora en Brasil y como pronto lo será en Venezuela, la corrupción es un tema central, crucial.

Es completamente inimaginable que el país supere sus crisis si la corrupción queda impune. La tentación será muy grande para los integrantes de este o de futuros gobiernos.

Si Cristina Kirchner, si Julio De Vido, si López o Báez, no terminan tras las rejas, el descreimiento será generalizado y la ventana de luz que se abrió con el resultado electoral se cerrará nuevamente.

De nada valdrá entonces anunciar luchas contra el narcotráfico, ni reformas policiales, ni cambios en el sistema penitenciario. De nada sirve meter preso al ladrón de una manzana, si está libre el que se robó toda la producción.

Por supuesto, que el gobierno debe respetar la independencia del Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que no emita juicios, que guarde silencio y que muestre pasividad frente a causas que, por diversas circunstancias, no avanzan.

Seguridad, materia pendiente.

Tampoco en esta disciplina, el gobierno muestra avances. Nada cambió salvo un correcto traspaso de parte de la Policía Federal a la Metropolitana.

No está definido el nuevo rol de la Federal que debería quedar plasmado en una ley de seguridad ciudadana. No está definida la reforma de la policía bonaerense, ni del sistema penitenciario provincial. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval desempeñan tareas que no les competen como vigilar alguno que otro acceso a una autopista o cuidar alguna estación de peaje.

Mientras tanto, la inseguridad, como era de esperar, continúa presente.

Más allá de cualquier especulación política, el Frente Renovador de Sergio Massa presentó una propuesta para los organismos de seguridad. El gobierno, no.

Es más, y aunque de mucha menor importancia, aún no fue aplicado el famoso protocolo que debería garantizar la libertad de circulación de todos los ciudadanos.

En síntesis, el gobierno optó por el correcto camino de la reinserción de la Argentina en el mundo y, al respecto, lleva a cabo acciones que persiguen dicho objetivo cuyo éxito puede alcanzarse en las próximas semanas.

Tal vez por ello, varias cuestiones, supeditadas en mayor o menor medida a la concreción del objetivo señalado, sufren demoras más o menos justificables.

Otras, en cambio, muestran una inacción peligrosa. Ya pasaron cien días. No es mucho, pero es el tiempo de la «gracia» popular y el de fijar el rumbo.

Debido, seguramente, a la herencia recibida, la «gracia» popular no se agotó. Por su parte, el rumbo, en cambio, quedó trazado.

(*) Periodista.