15-06-2022

El pueblo indefenso

Por Carlos Constenla (*) – Columna de Infobae

Hace 13 que la Defensoría del Pueblo nacional permanece vacante. ¿Es tan difícil hallar una argentina o un argentino con dignidad y compromiso para defender a los habitantes de este país?

Se cumplieron el mes pasado 13 años sin Defensoría del Pueblo nacional. Un verdadero récord en la región, y me atrevería decir que en el mundo para cubrir un cargo. Estamos atravesando una grave situación socioeconómica, empeorada por la pandemia y sus efectos, sin que la institución que la Constitución estableció como protectora de los derechos fundamentales y mediadora natural en los conflictos sociales con el Estado esté presente, a pesar de que por el carácter personal y autónomo de todos los poderes públicos, al que la Constitución asigna la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, es la segunda magistratura política de la República. Ahora que hay un equilibrio de representatividad política en el Congreso que impone acordar políticas de Estado, es de esperar que la designación del Defensor del Pueblo sea una de las prioridades.

Hace muy pocos días la convención constituyente de Chile creó la Defensoría del Pueblo, al incluirla en el proyecto que será sometido a plebiscito. Era el único país hispano parlante (con excepción de Cuba) en la que no existía esta institución. Lo hizo además con un sistema de elección encomiable porque le da primordial intervención y participación a la sociedad civil en su designación. Esto significa no sólo que las defensorías del Pueblo siguen gozando de crédito en los procesos democráticos que se están viviendo en algunos países, sino también porque se ha mejorado sensiblemente el modo de elección.

Este incumplimiento constitucional se funda en el falso concepto de que la Defensoría del Pueblo es algo así como un ápice del sistema político que, habiendo consolidado un régimen representativo y equilibrando del poder a partir de su tripartición, para mejorar su calidad institucional se da el lujo de crear una Defensoría del Pueblo y asegurar de ese modo que las instituciones funcionen mejor. Familiarmente diríamos que la ven como la frutilla que adorna la cobertura de una torta. Suponer que una Defensoría del Pueblo pueda o no existir sin por eso conmover los fundamentos democráticos de la organización política, es un grave error y eso es lo que está en el pensamiento de quienes creen que una institución de garantías, de protección de derechos y de participación democrática puede obviarse según convenga.

Sin embargo, es exactamente al revés y que, así como Cicerón dijo hace dos mil años que sin tribunado (magistratura clásica de defensa de los derechos del pueblo) no hay república, (Leyes III, 15) podemos afirmar que sin defensorías del pueblo no puede haber democracia porque lo móviles y las razones de los gobiernos y del poder, no siempre se corresponden con las razones y necesidades del pueblo. Y porque desde que se comenzó a hablar de Justicia Social, toda interpretación normativa debe someterse a la mirada de la situación de cada persona.

Se supone que para elegir un Defensor o Defensora del Pueblo se debe buscar a una persona honesta, con formación y compromiso con los derechos humanos y que por la naturaleza de la función a desempeñar tenga autoridad moral e imparcialidad política. ¿Es tan difícil hallar una argentina o un argentino con dignidad y compromiso como para defender a los habitantes de este país de los excesos, abusos y omisiones del poder y de los concesionarios de los servicios públicos? ¿Es posible suponer que la designación de un Defensor o Defensora del Pueblo sea el producto de un acuerdo que en el formato la jerga política es una “rosca” en la que sobre las condiciones personales y la aptitud de una persona para esa función, priman arreglos entre cúpulas políticas? La grieta cuya gestación se acomoda a la trasnochada idea de que para avanzar políticamente hay que tener un enemigo irreconciliable, hará entones que no podamos cubrir jamás la titularidad de la Defensoría del Pueblo, el cargo vacante en la Corte Suprema, la Procuraduría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria y así tantas otras cosas.

Atravesamos situaciones de enorme impacto social con creciente descreimiento en los partidos políticos, los políticos y la política. La falta de una Defensoría del Pueblo en acción se siente. En graves temas como la pandemia, las tarifas de servicios públicos, los alquileres, la ocupación de tierras, los programas sociales entre tantos otros, se substrae del diálogo y la mediación política a su principal actor. Un Estado de derecho sin Defensoría del Pueblo testifica desdén por la situación que viven muchos sectores de la sociedad, sobre todo los más pobres y los más necesitados que no tienen voz donde se discuten las políticas que los afectan, angustian u oprimen.

(*) Exdefensor del Pueblo de Vicente López; expresidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y presidente emérito del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO).