El juez Ercolini entiende que la expresidenta integró una asociación ilícita en la adjudicación de obra pública junto a Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros.
En otro revés judicial para Cristina Fernández de Kirchner, quien no deja sumar dolores de cabezas por causas en su contra, el juez federal Julián Ercolini dispuso su procesamiento al entender que formó parte de una asociación ilícita en la adjudicación de obra pública, y también determinó un embargo sobre la exmandataria por 10.000 millones de pesos.
La medida, por la que además fue procesada por administración fraudulenta, también alcanza al exministro de Planificación Federal Julio De Vido , al exsecretario de Obras Públicas José López y al detenido empresario, Lázaro Báez.
Ercolini también procesó a Raúl Osvaldo Daruich, Héctor René Jesús Garro y Raúl Pavesi, que formaron parte de Vialidad; a quien fue el encargado del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur, Mauricio Collareda; a quien formara parte del organismo vial en Santa Cruz, Carlos Villafañe; y al exdirector de Vialidad Provincial durante el último período de la gestión de Daniel Peralta, Raúl Villafañe.
En el caso de estos últimos, el juez entendió que fueron partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada –ya que el perjuicio fue contra la administración pública- y los embargó por 2.500.000 de pesos.