20-08-2016

Política de corte

Por Cecilia Moreau (*) – Columna de la Agencia Telam

La diputada nacional por el Frente Renovador opinó sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló el aumento de tarifas de gas para los usuarios residenciales.


Cecilia MoreauLa problemática de las tarifas tuvo, por fin, su resolución. Y por suerte para los ciudadanos fue en su favor, mientras el oficialismo esperaba el fallo de la Corte con la esperanza de que legitimara su arbitraria decisión.

Este fallo, que anula el aumento en la tarifa de gas, retrotrayendo a los valores anteriores al incremento, tiene un doble significado: por un lado es un acto de Justicia hacia la indefensión de los usuarios; por el otro, una lección política para un gobierno que pecó de soberbio.

La falta de audiencia pública para la fijación de las tarifas, requerimiento fundamental para la toma de decisiones respecto a la cuestión tarifaria previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional fue el foco en que se centró el fallo. Desde el bloque que integro se alertó en el mes de abril que debían hacerse las audiencias para poder escuchar a los ciudadanos y demás actores en lo que es su derecho a expresión. La respuesta del gobierno fue el avance en la medida, aislándose del impacto social que produjo. Ahora, se ve obligado a llamar a la audiencia por la determinación de la Corte. Por no tener voluntad política, violentaron un derecho.

En definitiva, la Corte resolvió en favor de la sociedad, basándose en su derecho a la participación y asegurando que el Estado garantice la provisión y accesibilidad de los servicios públicos de los ciudadanos cuando el aumento no puede ser afrontado por las familias.

Este fallo expone la insensibilidad social de un gobierno que entiende al Estado desde una óptica empresarial, que visualiza que cada política de gobierno tiene un correlato social pero que pareciera no interesarle, que se aísla e implementa las decisiones  siempre y cuando los números cierren.

Es necesario entender que detrás de cada factura no hay sólo el consumo, el gas, el precio o el déficit energético de la Argentina; hay algo más importante, están las familias, millones de seres humanos que deberían sentir la protección del Estado en cuanto a la mejora en la calidad de sus vidas. Es una gran noticia el fallo, pero no era necesario llegar hasta acá, que las personas pasen por la angustiosa situación de ver que no podían pagar sus facturas porque no le alcanzaba para poder alimentarse. Es una injusticia llegar a plantearse ese debate.

Cabe destacar que la discusión tarifaria seguirá desarrollándose, pero es necesario hacerlo a partir de dos puntos clave: la planificación y la ética. El ministro Aranguren, en el plenario de Comisiones de Diputados que se desarrolló el martes pasado, dejó en claro que el plan energético consistía únicamente en el aumento sin otras medidas tendientes a planificar una política a largo plazo. Se debe discutir lo tarifario, pero se debe prever sobre todo el horizonte energético que no planteamos. Y esta discusión debe darse bajo el principio ético de beneficiar a la sociedad y no a las empresas de las que los funcionarios tienen intereses. Si se discute el plan para recuperar la soberanía energética hay algo que debe estar claro: no se puede estar de ambos lados del mostrador; si decidiste dejar de trabajar en el ámbito privado y ser funcionario, tenés que estar del lado del pueblo.

De todo esto, y como bien dice el fallo, se desprende la imperiosa necesidad de cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación. La presencia de este agente del Estado hubiese aportado una vía más para que se canalicen los reclamos de la sociedad. Este es un hecho no menor, que se visualiza en momentos clave como el que vivimos por estos meses
Hoy la tozudez se da de bruces con una resolución que le muestra la dimensión social de un aumento que afecta al bolsillo del pueblo. Nadie niega que el sinceramiento fuera necesario, pero si los sueldos aumentan un 30% y las tarifas más de 500% la ecuación no cierra.

Este punto de inflexión que marcó este fallo, que devolvió tranquilidad a la sociedad en su conjunto, abre una nueva posibilidad para replantearse la política energética con la discusión de las tarifas en el medio. Es momento de pensar para adelante, de que se discuta y abarque esta problemática entre todos los sectores y desde una perspectiva federal. Hay tiempo de revertirlo, siempre y cuando la discusión sea seria e integrada.

(*) Diputada nacional por el Frente Renovador.