31-07-2013

Piden jury a la jueza que liberó a criminal de Vicente López

Es una magistrada San Isidro que desoyó los informes del Servicio Penitenciario, que recomendaban no liberar al presunto asesino.

El diputado sciolista Iván Budassi y otros legisladores de esa extracción se quieren llevar puesta a la juez de San Isidro que liberó al presunto asesino.

El diputado sciolista Iván Budassi y otros legisladores de esa extracción, se quieren llevar puesta a la jueza de San Isidro que liberó al presunto asesino.

El pedido de juicio político a la magistrada que liberó al asesino de una vecina de Vicente López, en un caso resonante que conmueve a la sociedad, plantearon hoy legisladores provinciales del riñón del gobernador Daniel Scioli, al considerar que el fallo demuestra «incompetencia o negligencia en el ejercicio de sus funciones».

En efecto, el jury de enjuiciamiento fue solicitado por los diputados Iván Budassi, Guido Lorenzino, Martín Cosentino y Rodolfo Iriart, y el senador Alebrto De Fazio, contra la jueza Mirta Ravera Godoy, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, de San Isidro.

En su presentación, los legisladores indican que Graciela García, de 47 años, cuando llegó a la casa de sus padres en Vicente López el viernes pasado a la noche, fue abordada por dos sujetos y asesinada de un disparo en la cara por uno de los delincuentes, que escaparon sin llegar a robar nada.

Luego, a través de testigos y de imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, se pudo determinar que quién le disparó a García, se presume, fue Federico Dorado, de 20 años, a quien la jueza Ravera Godoy le concedió la libertad condicional en mayo, contraviniendo el informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las autoridades penitenciarias habían consignado una evidente falta de interés del detenido en integrarse al sistema educativo e hicieron hincapié en su mala conducta general durante su detención, que llevaron incluso a la aplicación de nueve sanciones disciplinarias.

Dorado estaba detenido por una condena por portación ilegítima de armas de fuego, abuso de armas y privación ilegítima de la libertad.

Los legisladores expresaron que debe investigarse en profundidad la labor de la jueza, dado que si el atacante no hubiera sido liberado, como lo aconsejó el Servicio Penitenciario, hoy no estaríamos lamentando la muerte de la vecina de Vicente López.