La ONG Consumidores Responsables elogió la decisión del Gobierno de multar a la empresa por incumplir los plazos para informar el cambio en la facturación de Internet móvil.
Henry Stegmayer, el titular de Consumidores Responsables.
La decisión del Gobierno de multar a la empresa Movitar, por los cambios aplicados en los planes de internet móvil, sin informar en tiempo y forma a los usuarios, motivó expresiones de satisfacción de las organizaciones de consumidores y de otras instituciones que objetaron a la empresa y demandaron que dejara sin efecto los ajustes.
«Esto fue un claro triunfo de las asociaciones de consumidores», expresó el titular Consumidores Responsables, Henry Stegmayer.
«Fue el reclamo de los usuarios lo que hizo actuar a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que habitualmente mira para el costado mientras estas empresas cometen sus clásicas estafas», disparó Stegmayer.
Como se sabe, la CNC sancionó a Movistar y obligó a la empresa a «retrotraer la situación de los planes modificados a las condiciones anteriores y efectuar el reintegro correspondiente».
Si bien el monto de la multa no fue dado a conocer, trascendió que la cifra rondaría los 600.000 pesos en la base a lo estipulado por las normas que regulan el funcionamiento del sector. La decisión se concretó en el marco de los lineamientos establecidos por la secretaría de Comunicaciones para proceder ante los inconvenientes sufridos por usuarios del servicio de comunicaciones móviles de la empresa Movistar en relación al consumo de sus planes de datos.
A través de su cuenta de Twitter, Stegmayer felicitó a todas las asociaciones que impulsaron recursos judiciales y administrativos para «frenar la estafa de Movistar».
Consumidores Responsables fue una de las asociaciones que realizó presentaciones ante la propia CNC y la Dirección de Provincial Comercio, en defensa de los intereses de los usuarios de telefonía móvil. Y hubo otras 12 en todo el país que realizaron acciones judiciales o recursos administrativos solicitando «que Movistar retrotraiga los planes a las condiciones anteriores y reintegre el dinero correspondiente».
Según trascendió, la empresa incumplió el artículo 10.3 b del decreto 764/2000, que establece que las empresas tienen que garantizar el acceso a la información sobre las condiciones de contratación que hacen los usuarios del servicio, así como también debe ser clara la publicidad de los precios de los servicios que prestan.
Stegmayer destacó que «el reclamo unificado de muchos consumidores, las acciones de las asociaciones y organismos como las Defensorías del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, permitieron que empecemos a ponerle freno a esta estrategia comercial que implica la violación de los derechos de los consumidores» y reitero la solicitud para que «la telefonía celular sea declarada servicio público por ley».