El diputado provincial de la UCR, Fernando Pérez, elevó un pedido de informes al Ejecutivo para conocer en detalle el funcionamiento del organismo.
Desde el radicalismo elevaron un pedido de informes al Ejecutivo provincial, para que den en detalle las características del funcionamiento de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), después de que se conociera que un hombre de confianza del ministro Alejandro Granados se haría cargo del área.
El anuncio indicaba que se había desplazado Oscar Boccalandro, que seguiría en la Secretaría de Deportes, y en su lugar ubicarían al secretario de Seguridad de Ezeiza, Roberto Laino, un hombre del riñón de Granados.
Esta movida, que se dan en consonancia con la reestructuración de la Policía Bonaerense encabezada por el titular de Seguridad bonaerense, llamó la atención del radicalismo, que pidió informes al Ejecutivo para profundizar en el conocimiento sobre la Agencia.
Por eso, el diputado provincial de la UCR, Fernando Pérez, quien impulsó esta movida, declaró que el organismo no ejerce “ni una sola de las facultades que la ley le otorga”.
“Todas las semanas asistimos a hechos de violencia en el fútbol. Y también a ideas extravagantes lanzadas desde el propio oficialismo, como la creación de fiscalías especiales y no sé cuántos megaproyectos más”, indicó.
La solicitud le exige a la administración central responder una serie de cuestionamientos, que tienen que ver con “el Registro de Contraventores, el cumplimiento de alojamiento policial durante los partidos para quienes tienen aplicado el derecho de admisión, el seguimiento de las causas penales vinculadas a hechos de violencia deportiva, la falta de designación de los directores “ad hoc” con que debe contar el organismo y la falta de acciones sobre revendedores de entradas y vendedores de bebida alcohólica durante partidos”, explicaron.