El Defensor del Pueblo bonaerense le pidió a la Provincia que explique los por qué de las subas en la Autopista Buenos Aires – La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico.
Como respuesta a los reclamos de los usuarios por los aumentos en los peajes de la Autopista Buenos Aires – La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó a la Provincia que informe en qué se basó para autorizar estas subas.
En su exigencia, el organismo pidió que tanto Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), que tiene la concesión de estas rutas, como a la Secretaría de Servicios Públicos, expliquen cuáles fueron los fundamentos técnicos y económico-financieros para decidir los aumentos, y cuáles son las obras que se realizarán como así las que tienen proyectadas para estas rutas.
“El desmedido incremento afecta a los usuarios de las autovías provocando un fuerte impacto sobre la economía cotidiana de quienes las utilizan diariamente, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las personas que por allí circulan lo hacen para arribar a su trabajo”, sostuvo Lorenzino a la hora de explicar la medida.
Además, agregó que “corresponde evaluar la legalidad y la razonabilidad del aumento, ya que no se explica cómo se puede estipular una suba entre el 20 y el 66%, cuando el Ejecutivo acordó un aumento salarial para los trabajadores de la Provincia del 18%, en tres tramos, y fijó la pauta de inflación en el mismo porcentual, por lo que resulta indispensable conocer el criterio con el cual se autorizó ese incremento”.
Las resoluciones que cuestionó la Defensoría son las 78 y 79/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, que ya fueron publicadas en el Boletín Oficial, las que según el organismo no brindan una información adecuada y veraz de los alcances de los aumentos, ni refiere qué costos han incrementado de tal forma la tarifa.
Es la segunda presentación en pocas horas con la que la Defensoría apunta directamente contra el gobierno de María Eugenia Vidal. Ayer había hecho lo propio al expresar su preocupación por el veto del Poder Ejecutivo de las leyes que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación diferentes inmuebles en los cuales actualmente funcionan asociaciones civiles sin fines de lucro y cooperativas de trabajo.