Por Carlos Bonicatto (*)
Los repudiables hechos de violencia que se han multiplicado en el territorio nacional denominados linchamientos, además de representar actitudes cobardes escudadas en el anonimato, en su expresión más extrema, como sucedió en Rosario, son actos criminales que deben calificarse como homicidios.
Cuál es la razón por la cual una sociedad reacciona de una manera que repulsa la vida democrática y las normas más elementales de convivencia, debe ser motivo de un análisis serio, mesurado, urgente y alejado de todo interés especulativo, partidario o electoral, ya que nos expresa a todos como sociedad.
Preocupa no sólo el modo en que se intenta lesionar o matar a golpes a personas, sino la exhibición en medios de comunicación de escenas que deberían horrorizarnos y avergonzarnos colectivamente.
Lejos de tratar de una manera superficial el trabajo sobre la normativa penal realizado por juristas con convicciones y talento, provenientes de todas las fuerzas políticas, deberíamos profundizar los caminos relacionados con la convivencia, la inclusión, la igualdad, la necesidad de incrementar la aplicación de criterios alternativos a la represión y la dedicación a la resolución de las problemáticas sociales de los sectores más postergados, a partir de una complementación más intensa entre Estado y sociedad civil. La democracia todavía tiene una deuda que está a la vista de todos: las cárceles están llenas de jóvenes que provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad.
A partir de la experiencia recogida por la Defensoría del Pueblo en el trabajo con organizaciones de base, movimientos sociales y referentes barriales, hemos reparado en que el trabajo sostenido en la contención e inclusión social es un camino que el Estado no debe abandonar como factor esencial -aunque no único- para alcanzar una sociedad más igualitaria.
Sostenemos una clara postura a favor de aquellas personas que viven en estado permanente de desamparo, proclamando que las defensorías no deben ser neutrales sino estar a favor de quienes representan mayor vulnerabilidad.
Es por eso que el camino de avance en el campo de los derechos no puede retroceder. Los estados deben tener como premisas fundamentales el respeto a la dignidad e integridad de las personas y el cumplimiento de los Derechos Humanos, por eso es necesario seguir avanzando en el reconocimiento y ampliación de derechos y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
Las políticas de respeto a las minorías, de no discriminación, de poner a la gente como centro de las políticas de Estado, marcan la única posibilidad de crecimiento del hombre en su dignidad y respeto. Más intervención del Estado, mayores posibilidades de inclusión y más conciencia colectiva de una ética social basada en el respeto por el otro, y de colaboración con el más débil, deben ser las consignas de intervención actual.
(*) Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.