Por Hugo Alconada Mon (*) – Columna de The Washington Post
Son días intensos en la Argentina. El fiscal federal Diego Luciani está pidiendo 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta de la república, Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusa de liderar una asociación ilícita que cometió en perjuicio del Estado por millas de millones de pesos para engordar su fortuna personal. Y esa funcionaria – la política más determinante del país durante las últimas dos décadas- contragolpeó: acusó al fiscal de ser el mascarón de una ofensiva que agrupa a políticos, empresarios y medios de comunicación.
Fiscal y vicepresidenta cruzaron demostraciones sobre la “causa Vialidad”, una investigación judicial que busca determinar si la expresidenta Fernández de Kirchner y su marido fallecido – también expresidente-, Néstor Kirchner, comandaron una banda criminal que desde el poder benefició con contratos de obra pública a un allegado, Lázaro Báez, quien luego alquiló propiedades y hoteles de los Kirchner para encubrir así la remisión de fondos públicos a los bolsillos presidenciales.
Lo más distintivo, sin embargo, es que el juicio oral derivó en una auténtica guerra de relatos. Luciani optó por exponer su acusación con un lenguaje llano y sencillo, que cualquier argentino podría entender: sin recurrir a los tecnicismos, citas en latín y afirmaciones barrocas, que tanto abundan en los tribunales y que solo confunden y aburren.
Eso desacomodó a Fernández de Kirchner, dominadora absoluta de los relatos de la Argentina con su retórica y su histrionismo. Por eso le pidió al Tribunal Oral Federal que le permitiera ampliar su declaración y, ante su negativa – porque el procedimiento procesal no lo habilitaba en ese momento-, redobló la apuesta. Anunció que recurriría a sus redes sociales y plataformas digitales para replicarle al fiscal con su propia versión de los hechos.
Apeló a su cuenta oficial de Twitter y a su canal de YouTube, que se retransmitió por los canales de televisión y las principales radios del país durante una hora y media en una cadena nacional virtual, y no faltó nada: hubo diatribas contra el fiscal y el poder judicial en general, los medios de comunicación y políticos opositores, y dardos envenenados contra algunos de sus funcionarios. Porque para despegarse de las acusaciones tiró a los leones a quien fue su secretario de Obras Públicas, José López, durante los ocho años que ella encabezó el gobierno.
López, hay que reconocerlo, es difícil de defender. Lo es desde que inmortalizó una de las escenas más grotescas y espectaculares en la historia de la corrupción argentina: en junio de 2016 intentó esconder bolsos con nueve millones de dólares, y un fusil, en un convento. La intentona quedó inmortalizada por una cámara de seguridad que grabó todo.
Condenado a siete años y medio de prisión por su enriquecimiento ilícito, López tampoco se quedó quieto. En 2018 se acogió al régimen del “arrepentido” en otra investigación que lo tenía contra las cuerdas – la llamada “causa Cuadernos”-, y sus declaraciones complicaron lo mismo a exfuncionarios que a empresarios.
Con semejantes antecedentes, Fernández de Kirchner se despegó de López. Y lo hizo con una jugada a tres bandas porque planteó que la Fiscalía recurrió a los mensajes que recuperó del teléfono de ese exfuncionario para acusarla a ella, cuando en realidad debió investigar los vínculos de López con Nicky Caputo, un empresario intimísimo del expresidente Mauricio Macri . De ese modo, la acusada pasó a levantar el dedo contra el fiscal, López y la oposición.
Este ida y vuelta judicial y retórico conlleva sus riesgos. Entre ellos, el de jugar con fuego en un polvorín. Críticos y defensores de Fernández de Kirchner estuvieron muy cerca de lanzarse de lleno a la violencia física durante la noche de este lunes, horas después de que el fiscal Luciani cerró su alegato pidiendo la condena de la jefa del Frente de Todos a 12 años de prisión.
Antikirchneristas se congregaron en la vereda del edificio de la Recoleta – uno de los barrios más adinerados y coquetos de la ciudad de Buenos Aires- donde vive la vicepresidenta para celebrar el pedido de prisión e insultarla. Y muchos militantes de su causa también se encontraron allí para apoyarla. Solo unos metros y unos pocos policías separaban a unos y otros. La noche estuvo cerca de terminar muy mal.
Más allá de los relatos contrapuestos, las preguntas que flotan en el aire son: ¿puede este juicio conllevar la proscripción de la candidatura de Fernández de Kirchner en las elecciones generales de 2023? ¿Puede ella terminar presa?
Ambos tienen la misma respuesta aparente: No. Incluso si el tribunal la declarase culpable, la apelación de esa sentencia tendrá efectos suspensivos, por lo que ella podría candidatearse el año próximo a la presidencia o a un cargo legislativo, con los fueros subsiguientes que eso tendrá. Y, aun si fuera condenada, hay una ley no escrita en la política argentina que dice que ningún presidente debe ir a prisión.
Hay, por último, otro debate que se dirime por estos días, centrado en la imagen y el legado de la jefa política de la coalición gobernante: ¿Es ella la víctima de una persecución política, mediática y judicial? ¿O es en realidad la gran beneficiaria de un entramado monumental de corrupción?
El desafío de la Fiscalía consiste en probar que ella lideró una banda criminal junto a su marido que, desde la cúpula del poder, movió los hilos de la administración pública para, al final de un largo camino, engordar sus bolsillos.
Y el desafío de Fernández de Kirchner, incluso si termina absuelta, es explicarle a la sociedad cómo es posible que ella nada supiera, ni sospechara, mientras su billetera se engordaba durante una década gracias a Lázaro Báez, un humildísimo empleado público que se convirtió en el más grande constructor de la Patagonia cuando los Kirchner ingresaron a la Casa Rosada, con contratos públicos por más de 2.200 millones de dólares. ¿A ella jamás le llamó la atención? Una pregunta por ahora que sigue sin respuesta, mientras ambos relatos se baten a duelo… Y el país sigue polarizándose.
(*) Abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.