Por Jesús Rodríguez (*) – Columna de la Agencia Télam
El carácter político del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea obedece a las mismas razones que dieron origen a ambos bloques regionales y que tiene, como telón de fondo, los dos procesos que caracterizan los asuntos globales en las últimas décadas: la democratización y la mundialización. En cuanto a la expansión de la democracia, mientras que en 1942 había sólo doce países con ese régimen político, hoy son democráticos ciento tres países que suman alrededor de la mitad de la población mundial.
Con respecto a la mundialización, entendida como la creciente integración de los mercados de mercancías y servicios, las tasas de crecimiento del comercio son superiores a la variación del producto, siendo las exportaciones el equivalente al treinta por ciento del producto global. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos y las iniciativas desreguladoras de los mercados en los países centrales han generado un auge de la dimensión financiera de la globalización que resulta altamente inconveniente y perniciosa para la economía global y, especialmente, para los países en desarrollo. Esa ausencia de reglas globales en las transacciones financieras, a diferencia de lo que ocurre con las mercancías y los servicios, ha devenido en una «economía de casino» que pone en riesgo los evidentes progresos que, en materia de reducción de la pobreza, aunque no de la desigualdad, ha producido la globalización de la economía.
Luego de casi 20 años de negociaciones, al acuerdo se llega hoy debido a la emergencia de un orden multipolar con la presencia de actores relevantes como China y la India que disputan la hegemonía de los EE.UU., que aún mantiene su liderazgo en el plano militar. Además, convergió la mayoría política, expresada en las recientes elecciones del Parlamento Europeo, que derrotó a las opciones de los movimientos nacionalistas y dio impulso a la Comisión Europea cuyo mandato para negociar estaba por finalizar.
En este lado del Atlántico, la iniciativa fue posible por la necesidad de superar el estancamiento del Mercosur, cuyos registros históricos son pobres, exhibiendo un contrapunto notable con la Unión Europea que puede mostrar acuerdos con más de sesenta países. Fue vital la inserción que el gobierno argentino le ha dado al país, expresado en el éxito de haber sido anfitrión del G20 y de la Reunión Interministerial de la OMC, además de la actuación como Presidente «pro tempore» del Mercosur.
En suma, el Acuerdo revitaliza al Mercosur y le amplía el horizonte de manera compatible con las bases conceptuales que le dieron origen y, al mismo tiempo, le permite negociar en bloque, a diferencia de los Acuerdos de Asociación Estratégica Integral que Argentina, Uruguay y Brasil firmaron con China hace pocos años. Es, también, la creación de un mercado, basado en reglas, de setecientos ochenta millones de consumidores.
El Acuerdo constituye un hito en la posibilidad de revertir el retroceso económico de nuestro país, a través de una integración inteligente al mundo que abra posibilidades de exportación diversificadas, que es condición para una sociedad democrática con oportunidades para todos.
El Acuerdo, si bien es un requisito necesario, no es por sí solo suficiente. La condición de éxito de la estrategia incluye la construcción de una coalición social que asuma la integración inteligente al mundo como una política de Estado, dejando atrás extravagantes alianzas internacionales.
Requiere una mayoría estable en el Congreso que apruebe el Acuerdo y sustente las múltiples reformas que la estrategia demanda, evitando remedos de mini acuerdos que solo generan incertidumbres y provocan costos fiscales y políticos. Incluso exige imaginar el diseño de instituciones, por caso un Consejo integrado por actores sociales y políticos relevantes, que promuevan y alienten las acciones de la estrategia.
En definitiva, se trata de acordar reglas claras y desplegar la imaginación, innovación y apertura para tener nuevos abordajes que nos permitan avanzar en una sociedad de progreso inclusivo.
(*) Economista, auditor general de la Nación y ex ministro de Economía.