17-07-2014

Independencia y soberanía para defender derechos

Por Carlos Bonicatto (*)

Carlos Bonicatto 4A casi 200 años de la declaración de la Independencia en nuestro país, creemos que es necesario reflexionar acerca de lo que significa hoy en día la independencia para los países de Sudamérica, y para la Argentina en particular. En este contexto, no podemos obviar el conflicto que provocaron los fallos judiciales de EEUU que hicieron lugar al reclamo de los fondos buitres.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, en virtud de su función de protección de derechos, entiende necesario pronunciarse acerca de la nueva denegatoria del juez Thomas Griesa ante la medida cautelar presentada por el Estado argentino para suspender temporalmente la sentencia que obliga al país a pagar a los fondos buitres.

Esta decisión implica una posible afectación de derechos para los habitantes de nuestra sociedad, además de un avasallamiento a la decisión soberana de la Argentina de reestructurar su deuda en función del crecimiento y desarrollo, y no del capital financiero internacional.

A su vez, impacta directamente en el ejercicio de los derechos de los habitantes de la Argentina. El proceso de crecimiento con inclusión social que ha vivido el país a lo largo de los últimos años responde en buena medida a la posibilidad de fijar las políticas sociales y económicas a partir de decisiones soberanas tomadas por el Estado nacional y los Estados subnacionales. A diferencia de otros momentos de la historia, las políticas se determinan, con aciertos y errores, mirando a la región, y no desde los países centrales.

Ante el riesgo de un nuevo default técnico, esta nueva resolución pone en peligro la posibilidad de mantener el camino de desarrollo autónomo iniciado hace más de diez años. Y como consecuencia de esto, afecta seriamente el ejercicio de derechos fundamentales: éstos de ejercen y garantizan con recursos: ¿es posible imaginar a los chicos cubiertos por la Asignación Universal por Hijo sin los recursos que sustenten el programa? ¿O la construcción de escuelas, rutas u obras de infraestructura?

Además de una clara decisión en contra de este modelo de crecimiento, el fallo es un mensaje no sólo para la Argentina, sino a la región: poner un freno a un proceso de crecimiento con inclusión social al margen de las recetas de los organismos multilaterales de crédito.

El máximo tribunal norteamericano, y ahora nuevamente el juez Griesa, se han pronunciado, en verdad, en favor de la especulación financiera internacional; la misma maquinaria especulativa que ha estado al acecho de cada una de las crisis de nuestras patrias latinoamericanas, que prolongan el poder de las potencias económicas por sobre nuestras autonomías y soberanías nacionales.

Entendemos que Argentina ha dado una larga y ardua pelea por librarse de los fantasmas que algún momento le impidieron a nuestro pueblo conciliar el sueño: inflación, deuda externa, default, riesgo país, recesión, devaluación, ajuste, recorte salarial, desempleo, Fondo Monetario Internacional, «Megacanje» y un largo etcétera.

Ya hace años que estas palabras no ocupan los titulares de los diarios; que cuando se habla de deuda se habla de pagarla, de restructuración, de resolución definitiva de una historia de dependencia que tiene su origen en los nefastos años de la dictadura militar. Y planteamos esto porque entendemos que la posición que ha tomado la Corte Suprema de EEUU es eminentemente política.

El trabajo de restructuración de la deuda nacional ha sido histórico, en muchos sentidos. En primer lugar, porque ha ponderado, por primera vez en muchos años, garantizar económicamente la infraestructura necesaria a nivel nacional para salir de la crisis de hambre y desempleo en la que se había sumergido una gran parte de nuestro pueblo. En segundo lugar, porque esa misma infraestructura garantizó un aumento considerable de la riqueza nacional, que permitió garantizar el pago de la deuda reestructurada sin solicitar, nuevamente, ayuda internacional, es decir, sin contraer nuevas deudas, como también se había hecho históricamente. Y mencionamos esto, precisamente, porque la exigencia por parte de la justicia norteamericana de retroceder en los acuerdos con los bonistas, afecta directamente el ejercicio de derechos, ya que precipita a nuestro país a un default técnico, impidiéndole al gobierno nacional cancelar la deuda con la mayoría de los acreedores.

La difícil situación en que nos encontramos hoy requiere, en primer lugar, garantizar la unidad nacional y latinoamericana para enfrentar el problema: es necesario reforzar la importancia de que los derechos soberanos no sean puestos en jaque, protegiendo el patrimonio nacional.

Para la resolución de este conflicto se necesita de la participación de todos y todas, con espíritu de unidad y el horizonte de avanzar hacia la salida más próspera posible, sin distinción de colores partidarios ni ideológicos.

Del mismo modo, entendemos fundamentales las expresiones de solidaridad de las hermanas naciones de Sudamérica, porque entendemos que es necesario construir soluciones colectivas ante los conflictos internacionales que ponen en evidencia dos modelos, dos formas diferentes de concebir y construir garantías y derechos, así como el acceso a los mismos.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, apoyamos las gestiones que realiza el Estado nacional en defensa de nuestro patrimonio e intereses, tal como apoyamos a lo largo de nuestros años de existencia todas aquellas medidas que significaron el fortalecimiento de la democracia y la defensa de derechos de los integrantes de nuestra sociedad, en especial de aquellas personas más humildes.

(*) Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.