El conflicto gremial en la fábrica de autopartes desnudó el débil equilibrio entre la administración Scioli y el trato que recibe desde el núcleo duro K
Cuando las aguas parecían estar calmas, y solo se leían algunas declaraciones livianas en el marco de la campaña por el 2015, nuevamente se hizo visible un fuerte cortocircuito entre el sciolismo y el nucleo duro que responde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Esta vez, el episodio tiene que ver con los reclamos gremiales de los trabajadores de Gestamp, una fábrica que autopartes en Escobar, que desde abril registra un conflicto con 67 de sus trabajadores, el cual se intensificó durante esta semana cuando nueve empleados tomaron la grúa puente, una movida que impidió que el resto del personal pueda seguir trabajando.
Al principio, hubo un llamado del jede del Gabinete, Jorge Capitanich, al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para conjugar una estrategia que permita resolver el problema. Sin embargo fue la propia presidenta la que subió el tono a la polémica, al pedir que las autoridades provinciales “se hagan cargo” de la situación.
“Apelo a la buena voluntad de todos, a la responsabilidad institucional y hacerse cargo. Es lindo sonreír y decir a todo que sí, pero llega un momento que tenés que decir a todos que no porque no podés hacer frente a las obligaciones”, indicó Cristina.
La respuesta que se dio desde la administración sciolista vino del lado del Ministerio de Trabajo, a cargo de Oscar Cuartango, al dictar la conciliación obligatoria, lo que determinó que la empresa actúe a favor de «la reincorporación de los trabajadores, el normal desarrollo de las actividades en la empresa» y que las partes no adopten “ninguna medida de fuerza mientras esté en vigencia».
Sin embargo, desde la empresa advirtieron que “esta medida además de no ofrecer una solución definitiva al problema, podría constituir una incitación a la ilegalidad y a la extorsión al brindar el mensaje de que un grupo minoritario, sin el aval de su representación gremial, puede irrumpir por la fuerza en una fábrica y mantenerla ocupada y paralizada durante días sin ningún tipo de consecuencias».
Esto llevó a que la propia ministra de Producción, Débora Giorgi, apunte contra el sciolismo e indique que “si vas a dictar la conciliación obligatoria dictámela hace 55 días”.
“La Provincia tuvo una solución facilista u oportunista que no coincide con lo que habíamos manifestado delante del Gobierno nacional, los empresarios y el secretario general de SMATA», disparó.
Es que desde el propio gremio habían cuestionado la protesta y expresaron que “la representatividad de los trabajadores no se logra abrazándose a una columna para impedir el normal funcionamiento de una fábrica o tomando por la fuerza otra. Se logra a través de los mecanismos democráticos que nos otorga la ley».
En ese sentido, apuntaron contra los partidos de izquierda como los verdaderos promotores de la protesta. Sin embargo, SMATA llamó a que se debata en asamblea la continuidad de las medidas de fuerza.
«En todo momento la postura del sindicato fue preservar las fuentes de trabajo y al mismo tiempo no detener la producción, porque sabemos que eso impacta en las automotrices», señaló el titular del sindicato, Ricardo Pignanelli.
Sin solución inmediata a la vista, y a la espera de los últimos movimientos para determinar el futuro de la protesta, el dato político saliente es que el conflicto reavivó el resquemor que habita entre el kirchnerismo duro y el sciolismo, y se muestra como la puerta de entrada de lo que será la relación de cara a lo que se viene en la lucha sucesoria que tiene como objetivo el 2015.