El diputado provincial Emiliano Balbín le reclamó al gobernador Kicillof que interceda ante la Nación para que deje sin efecto dos decretos que afectan a los productores bonaerenses y repercuten en los precios al consumidor.
Eliminar la intervención en el mercado del trigo y dejar sin efecto el aumento transitorio de los derechos de exportación a la soja y sus derivados, es el espíritu del proyecto de declaración que tomó estado parlamentario en la Legislatura bonaerense a instancia del diputado provincial de Juntos, Emiliano Balbín.
“Siendo la Provincia un importante productor de trigo y soja a nivel país, creemos que desde el Gobierno bonaerense se pueden hacer las gestiones que nos permitan reaccionar a tiempo y evitar males mayores”, señaló el legislador radical en su pedido al gobernador Axel Kicillof para que interceda ante la Nación.
Balbín conjeturó que la aplicación de las medidas que reclama permitirá una “mejora en los ingresos” de los productores de la provincia de Buenos Aires en particular y de la Argentina en general.
El legislador apunta a que el gobierno de Alberto Fernández derogue los decretos que establecen el aumento temporario de dos (2) puntos porcentuales de los derechos de exportación de soja y derivados; y el que crea el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”.
“Ese Fondo tiene por objeto establecer un subsidio a la harina de trigo que abastece al mercado local, pero no alcanza para que los precios al consumidor dejen de subir”, afirmó Balbín.
Al contrario, tanto en la harina de trigo “como materia prima que usan las panaderías, como los productos de la industria farinácea, y también los derivados de consumo masivo (pan, fideos, etc.), los precios al consumidor siguen subiendo por efecto del proceso inflacionario que el mismo gobierno genera”, alertó Balbín.
“La Provincia es la principal productora de trigo del país, con 2,7 millones de hectáreas sembradas en la campaña 20/21, lo que representa un 43,8% sobre el total nacional, con 15.850 productores involucrados”, detalló el legislador.
Sin embargo, Balbín puntualizó que para la campaña triguera 21/22 “se espera una reducción del 5% de la superficie sembrada, lo que provocará una reducción en la cantidad de trigo para comercializar, al mismo tiempo que se reducirá el volumen de exportación, perdiendo así una posibilidad única de ganar mercados”, en un escenario de “precios internacionales en alza producto del conflicto bélico”.
“La suma de sucesos que afecta las expectativas de los productores – mayor presión fiscal sobre la producción de soja, e intervención en el mercado de trigo- hace que se cosechen menos toneladas”, apuntó Balbín. Y concluyó que “se genera un círculo vicioso que termina con menos disponibilidad de cereal y en consecuencia un aumento final de su valor, a contramano del efecto buscado con la sanción de ambos decretos”.