11-10-2013

El «apagón» de Movistar: piden mayores controles

Consumidores Responsables apoya la decisión del Gobierno de sancionar a la telefónica que por siete horas dejó sin servicio a sus usuarios.

Incomunicado“El apagón reportado ayer por los usuarios de Movistar demuestra que no alcanza con discutir solamente un nuevo reglamento para la telefonía móvil”, expresó el titular de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, que se manifestó partidario de declarar al sistema «servicio público» e incrementar los controles a las empresas.

Desde la Asociación manifestaron su apoyo a la decisión del gobierno de intimar a la operadora a que explique las causas de los problemas en el servicio que sufrieron usuarios del Gran Buenos Aires. “Por supuesto que apoyamos cualquier exigencia que el Estado aplique hacia las empresas pero es evidente que no alcanza solamente con ponernos a discutir un nuevo reglamento. Es necesario declarar a la telefonía móvil como Servicio Público”.

Ayer, el ministerio de Planificación anunció que intimará a la empresa del Grupo Telefónica a que restituya “inmediatamente” el servicio a todos los usuarios que fueron afectados en el área metropolitana y le exigirá que “tome todas las precauciones necesarias para evitar la reiteración de estos inconvenientes”.

Desde Consumidores Responsables insistieron con declarar a la telefonía móvil como un Servicio Público. Según explicó Stegmayer, “esto implicará establecer un régimen de protección al más débil, que es el usuario. Y obligará a las empresas a someterse a un marco regulatorio que asegure los caracteres de todo servicio público: Esto es generalidad, uniformidad, regularidad, obligatoriedad y continuidad”.

Henry Stegmayer

Henry Stegmayer.

El ex diputado provincial socialista insistió con la necesidad de sancionar a las empresas y resarcir a los usuarios afectados con una compensación económica. “Los márgenes de ganancias de la empresa son millonarios y una falla en el servicio puede generar enormes pérdidas a un usuario, tanto económicas como personales”, aseguró.

“Ojalá la intimación del gobierno no quede en el anuncio, y sea el inicio de un autentico control de estas empresas. Si la Comisión Nacional de Comunicaciones controlara como debe hacerlo, el Estado debería multar a las empresas como mínimo cada tres meses, de acuerdo con el mal servicio, la mala atención a los usuarios, los engaños en las promociones y la deficiente facturación”, agregó.