Por Marcelo Honores (*) – Columna de su muro de Facebook
Alcanzar el bienestar físico, mental y social es fundamental para que cada persona pueda vivir dignamente. La salud, entendida como ese estado de bienestar, nos permite incluso disfrutar del goce de otros derechos. Pero cuando esa situación se ve limitada por una o varias afecciones, nuestra vida, tal como la concebimos, se restringe, y así también el ejercicio de los restantes derechos. Es por ello importante concebir a la salud en sus tres planos, puesto que con igual significancia todos ellos deben ser objeto de respeto y garantía.
En el Día Mundial de la Salud Mental quisiéramos invitar a reflexionar sobre la importancia que en particular tiene su adecuada protección y la trascendencia de que el Estado avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la materia. La dimensión mental de la salud se ve visiblemente afectada por la ausencia de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en su atención, todos elementos indicados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como indispensables para el adecuado disfrute de este derecho. En particular, se trata de un ámbito fuertemente afectado por la discriminación y que mayormente perjudica a grupos o colectivos en situación de vulnerabilidad, como son las personas en situación de pobreza, adultas mayores, con discapacidad, las niñas y las mujeres.
En estos años se ha avanzado en el dictado de una ley nacional receptiva de los más significativos avances que en la materia se han dado en el ámbito internacional. Esta norma incorpora conceptos fundamentales para un correcto abordaje, como son la búsqueda de la independencia y autonomía personal, la atención sanitaria y social integral y humanizada, la importancia de entender a la persona como sujeto de derechos y no como mero objeto de tratamiento, la necesidad de un abordaje interdisciplinario, la búsqueda del tratamiento que menos restrinja sus derechos y libertades, la trascendencia de su externación cuando ello es posible, la promoción de la integridad familiar, laboral y comunitaria, el concepto de padecimiento mental como estado modificable y la presencia del Estado tanto en el ámbito público como privado de la salud mental, entre otros contenidos relevantes.
En este sentido, uno de los mayores logros de la ley ha sido la creación de un órgano de control autónomo, que se encuentra integrado por diversas áreas vinculadas a la salud mental, entre las que coexisten dependencias estatales, colegios de profesionales y asociaciones de familiares y personas usuarias. En el ámbito provincial, este órgano interdisciplinario se encuentra presidido y coordinado por la Defensoría del Pueblo, tarea que hemos llevado a cabo desde su creación dispuesta por resolución del ministerio de Salud bonaerense.
Pese a su precaria constitución, la cual debe ser de manera urgente reemplazada por una norma legislativa, el Órgano de Revisión Local (ORL) ha llevado a cabo numerosas tareas de instrucción y control, tanto en el ámbito público como el privado, que han redundado en significativas mejoras de la situación que atraviesan las personas usuarias de los servicios de salud mental bonaerense. Entre sus funciones se encuentra la de supervisar de oficio o por denuncia las instituciones de Internación, elaborar informes técnicos, evaluar las internaciones, solicitar información a las entidades, requerir la intervención judicial en situaciones irregulares y efectuar recomendaciones técnicas.
Nueve años han transcurrido del dictado de la ley nacional y pese a la tarea llevada a cabo, aún hoy gran parte de su contenido es referido como principios de difícil concreción. Mucho es el trabajo por delante para el cumplimiento efectivo de la norma. Es necesario entender que esta legislación contiene obligaciones concretas para el Estado que deben cumplirse, no sólo porque de esta forma respetamos los compromisos internacionales asumidos por Argentina sino porque con ello lograremos mejorar las condiciones de vida de quienes tienen derecho a gozar del máximo nivel posible de salud mental. Se requiere de una tarea conjunta de operadoras y operadores, incluidos los ámbitos legislativos, judiciales y ejecutivos. Pero principalmente debe ser una política de Estado a corto, mediano y largo plazo.
En este día conmemorativo, instamos a todos los gobiernos por venir que ejerzan funciones en el ámbito nacional, provincial y municipal, a adoptar medidas concretas y progresivas en materia de salud mental que sean respetuosas de los avances hasta aquí generados y que tiendan incansablemente al cumplimiento de los objetivos pendientes.
(*) Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires.