08-06-2016

Declaraciones juradas: Vidal zafa de ir presos a los periodistas

Marcha atrás: la Gobernadora tuvo que derogar tres artículos de un decreto que apunta a la transparencia. Preveían hasta dos años de prisión por la “mala” difusión de las DDJJ de funcionarios.

La Gobernadora María Eugenia Vidal al disertar en Mar del Plata durante la apertura del Plenario Nacional de Pastores Evangelistas. Después tuvo que salir a apagar el incendio en torno a las declaraciones juradas de los funcionarios.

Vidal, al disertar en Mar del Plata durante la apertura del Plenario Nacional de Pastores Evangelistas. Después tuvo que salir a apagar el incendio en torno a las declaraciones juradas de los funcionarios.

A la tardecita tuvo que salir como los Bomberos a apagar el incendio. Comunicado del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, decía el encabezado de un mail que, palabra más palabra menos, reconocía un error – grave por cierto- en la redacción de los artículos 1, 2 y 7 del decreto 647/16 publicado hoy en el Boletín Oficial y anunciaba la decisión de María Eugenia Vidal de derogarlos “para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas” y dejar sin efecto la posibilidad de encarcelar a periodistas que difundieran el patrimonio de los funcionarios.

Desde temprano, la cuestión desató una avalancha incontenible de opiniones adversas porque, en rigor, se allanaba el camino para aplicar sanciones de hasta dos años de prisión a los que difundieran las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales, lo que se interpretó como un ataque frontal a la libertad de prensa, al no excluir expresamente de esas eventuales penas a comunicadores y medios.

Después de horas de zozobra, finalmente, la dirección provincial de Comunicación Externa de la secretaría de Medios del gobierno bonaerense, confirmó que los controvertidos artículos pasaban a mejor vida.

Al margen de la polémica, el Ejecutivo reglamentó el modo en que se harán públicas las declaraciones juradas de los funcionarios y dispuso que habrá una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública.

El decreto regula el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y oficializa una prórroga por 60 días para la presentación de esas declaraciones.

Sin embargo, el eje de la polémica se focalizó en la decisión de sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones reservadas o a quienes utilicen en forma «indebida» la declaración sintética, al interpretarse que se restringía la labor de los periodistas.

En ese clima, Vidal reconoció que «si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente será revisada», aunque unas horas más tarde resolvió directamente derogar los controvertidos artículos.

«A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo y por lo tanto, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público», consignó a la tardecita el gobierno en un comunicado.

La Declaración Jurada Patrimonial alcanza a un total de 55.000 personas entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, subsecretarios y «todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430».

También incluye «al personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría».

En tanto, mañana jueves, la Cámara de Senadores tiene previsto tratar un proyecto que ratifica el decreto de Vidal pero que incluye también a los diputados y senadores de la Provincia.

La iniciativa invita también a que hagan pública la declaración jurada patrimonial los integrantes del Poder Judicial, intendentes y concejales.