Desde un informe de la Comisión por la Memoria, pasando por un juez que pide conmutar penas y el massimo que quiere interpelar al Gobernador, todos critican la política en los penales bonaerenses.
En el marco de la emergencia en seguridad que el gobernador Daniel Scioli decretó para la Provincia, uno de las cifras oficiales que más le gusta mostrar a la administración bonaerense es la del número de detenido tras los procedimientos que efectuó la policía en este nuevo esquema.
Sin embargo, desde varios sectores salieron a cuestionar la política carcelaria que lleva adelante el Gobierno, y apuntan que se viven situaciones de hacinamiento en los penales que no son atendidos por la administración central de la Provincia.
Tal es el caso de la Comisión por la Memoria, quien presentó un informe que arroja que durante 2014 se produjo un aumento de más de 10 por ciento en la tasa de prisionización en comparación con los números del año pasado. Además, el trabajo demuestra que la cifra de detenciones en comisarías en el periodo que va entre diciembre de 2013 y abril de este año, cuando se puso en marcha la emergencia, subió un 13 por ciento.
Esta investigación está basada en un análisis del Registro Único de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (RUD), que sostiene que en los últimos diez años se acreditó en el fuero de adultos de la Provincia un incremento del 10,8 por ciento de detenidos sin concesión de arresto o prisión domiciliaria, pasando de un número de 29.928 personas en estas condiciones durante 2003, a 33.166 en la actualidad.
Este panorama llevó al juez penal de Necochea, Mario Alberto Juliano, a sostener la necesidad de conmutar las penas de algunos detenidos para reducir la superpoblación en las cárceles de la Provincia, iniciativa que generó polémica rápidamente.
«Hemos traído de modo testimonial un pedido de conmutación de penas de ciertos delitos para disminuir la población carcelaria», sostuvo el magistrado durante una disertación en un encuentro con las comisiones de Derechos Humanos de las dos cámaras de le Legislatura bonaerense.
En esa línea, Juliano sostuvo la necesidad de que «que la provincia de Buenos Aires sancione una ley de cupos carcelarios para evitar la superpoblación (carcelaria) y sus consecuencias».
Estos dichos motivaron la reacción de la administración bonaerense, quien puso énfasis en la puesta en funcionamiento de nuevas unidades carcelarias en la Provincia. “En la gestión del gobernador Scioli ha incorporado más de 9.000 nuevas plazas penitenciarias”, fue la respuesta del ministro de Justicia bonaerense, ante los duros cuestionamientos que se dieron a conocer desde distintos frentes.
Debido a este cuadro de situación, los bloques legislativos del massismo le solicitaron al Gobernador que brinde un informe sobre la situación de estos nuevos penales. “Scioli prometió la creación de nuevas cárceles en los próximos meses y aún no conocemos ningún avance mientras las que están, se encuentran superpobladas y muchas, en pésimas condiciones”, afirmaron desde el Frente Renovador.
En ese sentido, el vicepresidente 1° de la Cámara baja, señaló que “al que delinque hay que asegurarlo y tratarlo; hay que construir unidades penales modernas que resocialicen respetando los derechos humanos de los presos y de los trabajadores penitenciarios; si no lo hacemos, no nos sorprendamos cuando algún juez libera al detenido por teléfono”.