27-04-2016

Cuando ser joven es un negocio

Por Hernán Letcher (*) – Columna de la Agencia Telam

Hernán LetcherVale la pena algunas reflexiones sobre el proyecto de ley que crea un régimen de promoción del primer empleo formal.

1. La mirada macrieconómica sobre el trabajo. El macrismo plantea una escisión entre la variable laboral y el conjunto del funcionamiento económico, donde “olvida” los fuertes condicionantes a la generación de empleo que supone una economía con un mercado interno en caída (como resultado de las propias políticas económicas impulsadas por el macrismo) y un mercado externo que, a pesar de la devaluación del 50%, no dinamiza nuestras exportaciones (porque el mundo vive una profunda crisis, a contramano de lo que Cambiemos insistió durante años). En este contexto ¿Cuál es la motivación empresaria a invertir y tomar nuevos empleados? ¿Van a contratar personal porque es barato hacerlo? La concepción kirchnerista ha sido distinta: la inversión privada se concreta en la medida en que existe un mercado pujante donde la producción -y las ventas- tienen donde insertarse (hay “demanda”). En definitiva, no se van a resolver los problemas de empleo si se apuntala una economía que expulsa constantemente trabajadores.

2. Sin vueltas. La gran novedad de este Plan es que no sólo reintroduce la política de reducción -o exención- a las contribuciones patronales aplicadas en el pasado por Domingo Felipe Cavallo sino que, además, el Estado transferirá directamente a las empresas, entre ellas las grandes empresas nacionales y multinacionales, un subsidio proporcional a los aportes que son parte del salario del trabajador. Esta implementación deja de manifiesto además la voluntad expresa de Cambiemos de atender la demanda de las grandes empresas de manera directa –sin vueltas- mientras que para los ciudadanos más vulnerables (además de haberles quitado el beneficio de los subsidio a los servicios públicos) ofrece una respuesta indirecta –un laberinto- como es la devolución del IVA por consumos de la canasta básica con un tope de $300.

3. Empleabilidad. El proyecto así planteado, y en un contexto de caída de empleo, probablemente implique sólo sustituir trabajadores, sin generar nuevos puestos de trabajo. Asimismo, frente a la retracción laboral es conveniente cuidar a los mayores de 45 años, y retrasar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral. Hubiese sido de mayor utilidad mejorar monetariamente el Plan Progresar. Macri camina en sentido contrario: pretende discontinuar este último y a la vez anunció el fin de la moratoria jubilatoria vigente.

4. Vieja receta. En la experiencia argentina durante la década de los 90, la reducción de aportes no sirvió para reactivar la economía (entre 1993 y 2001 el PBI de la economía creció en promedio al 1,4%, por debajo de la década kirchnerista y en valores similares al periodo 1976-2001, donde creció al 1,3%a.a.), no contribuyó a la generación de empleo (a pesar de que las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en el 2000, la tasa de desocupación creció de manera exponencial), y desfinanció al Estado en tanto el Estado dejó de recaudar 47.939 millones de pesos/dólares, siendo el monto actualizado a 2005 asciende 80.000 millones de pesos.

5. El estímulo al empleo formal en la ley kirchnerista. El espíritu de la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada en 2014 no se sustentó en la idea liberal de aumentar los márgenes de ganancia de las empresas y con ello lograr más trabajo, sino que se orientaba a enfrentar la informalidad laboral. Esta ley sancionada durante el kirchnerismo partía de un doble diagnóstico: las pymes, universo con más dificultades materiales para hacer frente a las cargas laborales, y la evasión fiscal de algunas empresas y empleadores de mayor tamaño o facturación con intenciones de beneficiarse con esa operatoria. En este sentido, la ley beneficiaba sólo a las empresas pymes estableciendo segmentaciones según cantidad de ocupados: hasta 5, 15 y 80 empleados y sujeta a niveles de facturación anual y a la vez, contemplaba medidas de fortalecimiento en la fiscalización e inspección junto con la creación del REPSAL, un registro con finalidad sancionatoria para los que incumplan con las normativa: imposibilidad de acceso a todo programa impulsado por el estado nacional, a líneas de crédito otorgadas por instituciones públicas, a celebrar contratos de compraventa con el estado nacional y a participar en licitaciones públicas.

(*) Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).