24-05-2018

Corrupción: inhiben a Scioli por más de $189 millones en la causa UPA

La justicia penal de La Plata avanzó sobre el patrimonio del exgobernador. La medida también alcanza a su exministro de Salud, Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller. La causa investiga presuntas irregularidades con la obra pública.

Otros tiempos. Collia y Scioli ahora serán indagados en una causa que investiga corrupción en la obra pública.

Collia y Scioli cada vez más complicados en la causa que investiga corrupción en la obra pública.

La justicia penal de La Plata inhibió al exgobernador bonaerense Daniel Scioli, a su exministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública, específicamente en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).

Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Álvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos.

El vocero señaló que la jueza también aceptó el pedido del fiscal para que el ahora diputado nacional Scioli notifique a la Justicia cada vez que quiera salir del país, pero cuestionó la decisión de Garganta.

El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.

Pese a que en una audiencia citada por la jueza, la Fiscalía de Estado se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está acreditado el posible perjuicio económico al fisco (VER Scioli, las UPA y el organismo estatal que “no acompañó”,) la magistrada hizo lugar a la inhibición, recordó la fuente.

En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde «el inicio de las actuaciones» adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para «hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes».