El gobierno analiza extender la vigencia del decreto que congela las rentas y prohíbe desalojos. La medida vigente vence el 31 de enero. Inquietud en el segmento inmobiliario.
Si hay algo que el gobierno no debe hacer para evitar que se profundice el aumento de los alquileres, la caída de la oferta y la desinversión en la plaza inmobiliaria, es extender la vigencia del decreto que – en medio del aislamiento por la pandemia- congeló precios y prohibió desalojos, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero, le dijeron en forma coincidente a F5 Diario operadores del mercado platense.
En ese contexto, empresas de bienes raíces y dueños de propiedades con destino a la renta ya se afilan las uñas para cubrir posiciones ante la segura ampliación de una medida que guardan bajo siete llaves el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la jefatura de Gabinete.
La reglamentación de la norma, que no tendría mayores variantes con respecto de la actual, sí contiene un dato clave que también es protegido celosamente: el nuevo plazo de vigencia. Y es precisamente esa fecha la que los operadores quieren conocer para determinar un nivel de ajuste de los precios de renta de las propiedades.
“Una vez que sepamos hasta cuándo regirá el nuevo congelamiento, que lamentablemente damos por descontado, los valores van a subir en función de la presunción inflacionaria del período”, le dijo a F5 Diario un renombrado broker platense, que en paralelo alertó sobre otra consecuencia inmediata: “la inversión inmobiliaria en este segmento se va a desplomar, con lo que la oferta de propiedades en alquiler va a seguir en retroceso”.
Otro dato relevante, en ese marco, es que según un relevamiento del portal inmobiliario “Zonaprop”, a partir de la aplicación de la nueva Ley de Alquileres se contrajo la oferta y los precios aumentaron un 62% interanual, contra una tasa de inflación acumulada en todo 2020 del 36,1%.
La medida vigente, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de enero, y establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.
De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.
VISIÓN EMPRESARIA.- «Lamentablemente esta medida se va a extender, en principio hablan de 30 días», dijo el secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Claudio Vodanovich.
«Esto está perjudicando al que pretende beneficiar o ayudar”, amplió en declaraciones a Radio 10 y explicó que “históricamente en Argentina”, cuando se tocaron o regularon los alquileres, la oferta de propiedades “se retrae».
Vodanovich afirmó que «hay alrededor de 70 mil locaciones mensuales que hace 10 meses que se están prorrogando» y esto «significa que va a llegar un momento en el cual los inquilinos tendrán que pagar la diferencia de los valores que no están pagando en este momento; y seguramente van a tener que mudarse si no llegan a un acuerdo con el propietario».
Sin embargo, para la CIA la morosidad en los pagos no llega al 8%, mientras el Consejo Profesional Inmobiliario (CPI) estimó que el 90% de los inquilinos que residen en la ciudad de Buenos Aires pagaron en tiempo y forma el alquiler en diciembre, en tanto un 3% de los contratos fue rescindido.
LOS INQUILINOS.- En cambio, los números que maneja la Federación de Inquilinos Nacional a partir de una encuesta de diciembre 2020, estima que el 40% de los locatarios registra deudas. Y reclaman ampliar el plazo de vigencia del decreto “mucho más” que un mes.
Gervasio Muñoz, presidente de la organización sostuvo que «si se extiende el decreto solo por un mes, en realidad no es más que darle un aviso a cientos de familias endeudadas de que tienen que ir armando los bolsos».