14-08-2018

A 34 años de la ratificación del Pacto de San José

Por Enrique Marcelo Honores (*) – Columna de su muro de Facebook

Marcelo Honores, Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud de la Provincia.Una decisión de significativa trascendencia fue adoptada por Argentina el 14 de agosto de 1984,la cual marcará un camino sin retorno en la defensa de los derechos humanos. Pocos meses después de recuperada la democracia, el país ratifica el Pacto de San José de Costa Rica y con ese acto, decide soberanamente formalizar nuestra incorporación al sistema regional de protección de derechos humanos.

Sostener esa postura favoreció a todas las personas sometidas a la jurisdicción del país, porque implicó para Argentina comprometerse a que los derechos humanos reconocidos en el Pacto sean aquí respetados, protegidos y garantizados, y a responder frente al sistema internacional, cuando ello no ocurriera. Entre otros, el instrumento reconoce el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, a las garantías judiciales, libertad de conciencia y religión, de pensamiento y expresión, la protección de la familia, los derechos de la niñez, la igualdad ante la ley, la prohibición de esclavitud y de discriminación.

Dedica también un artículo a los derechos económicos, sociales y culturales, que junto al Protocolo de San Salvador, protegen el derecho a la alimentación, al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la vivienda, al trabajo y a las garantías sindicales, a la seguridad social, a la educación, entre otros, y de los que ya no puede discutirse su exigibilidad jurídica.

Además, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incorpora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órganos principales del sistema regional, a los cuales se accede en defensa de los derechos cuando en el ámbito interno se producen violaciones que no son resueltas adecuadamente por el Estado.

El sistema interamericano impulsado a través del Pacto fue clave para la recuperación y sostenimiento de las democracias en América y constituye el principal marco de derechos humanos que ha colaborado en el fortalecimiento de los estados de derecho locales, permitiendo un ámbito fértil para la protección y desarrollo progresivo de los derechos humanos para todas las personas que habitan sus territorios.

Por ello, hoy debemos valorar la influencia positiva que el sistema ha tenido en nuestro país, como la visita de la CIDH en 1979 en plena dictadura,el desarrollo de los juicios por la verdad a partir del caso Carmen Aguiar de Lapacó, la concepción de las desapariciones forzadas como violación continuada, la participación política efectiva de la mujer a partir del caso Merciadri de Morini,la protección de los pueblos indígenas,la defensa frente a la violencia de género, entre tantos otros asuntos.

34 años han pasado de la decisión argentina de incorporarse al sistema interamericano de protección de derechos humanos.Y entendemos lo trascendente que ha sido entonces, pues no es fácil voluntariamente someterse a las mayores exigencias, a los más altos estándares, a permitir que órganos extraños revisen qué se hace y qué no en esta materia, y todo ello en el marco de una incipiente democracia. Sin embargo, fue la visión de un país abocado al compromiso de proteger a las personas y a brindarles la mayor cantidad de garantías posible para reclamar por sus derechos. Fin último y principal que entendemos debe guiar, irreversiblemente, la actuación de todo Estado. Sin dudas,la promoción y protección de los derechos humanos continúa siendo uno de los principales desafíos de nuestras democracias, y en este sentido, cabe destacar el valor del Pacto, que traza e impulsa el camino a seguir.

(*) Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires.