18-10-2016

La Defensoría del Pueblo adhiere y se suma al paro de mujeres

La inédita medida de fuerza es en respuesta al femicidio de la adolescente Lucía Pérez, contra la violencia de género y la opresión económica.

paro-de-mujeresFrente al paro nacional de mujeres de mañana, convocado por el colectivo «Ni una menos» a partir del femicidio de la adolescente marplatense Lucía Pérez, contra la violencia de género y la economía que precariza a la mujer, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires decidió adherir a la medida y sumarse a través del Observatorio de Violencia de Género (OVG).

«Vivas nos queremos», es la consigna con que «Ni Una Menos» impulsa la convocatoria, la primera en su tipo en la historia argentina, que apunta a poner freno a los femicidios y en demanda de políticas públicas integrales que aborden las desigualdades sociales, económicas y políticas de las mujeres que promueven cada nuevo hecho de violencia.

En ese contexto, el OVG planteó la necesidad urgente de un compromiso conjunto y articulado de los actores gubernamentales, definidos en una serie de puntos que se detallan a continuación:

• Definición de presupuestos provinciales y municipales con enfoque de género.

• Reformas en el ámbito del Poder Judicial para el abordaje de la violencia de género. Creación de defensorías oficiales para la representación judicial gratuita de mujeres criminalizadas y encarceladas. Y fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres en cada departamento judicial.

• Definir procedimientos institucionales claros para poder denunciar las distintas formas de violencia contra las mujeres: obstétrica, institucional, laboral, doméstica, simbólica, contra la salud sexual y la salud reproductiva. Aplicación por parte jueces y funcionarios de la ley 26.485 de protección integral de las mujeres en todas las modalidades de la violencia.

• Diseño de programas de vivienda, de construcción y/o créditos, que priorice a las mujeres como cabeza de grupo familiar y las personas trans y travestis.

• Acceso al empleo de las mujeres y personas trans. Definición de políticas públicas que favorezcan su inserción sociolaboral, con programas formativos e incentivos que permitan el inicio de actividad por cuenta propia.

• Establecer un régimen de asignación para quienes sean o hayan sido víctimas violencia: prestación monetaria no retributiva de carácter mensual y con aportes previsionales equivalente a una categoría salarial.

• Instancias de conciliación entra las actividades laborales y las tareas de cuidado desarrolladas por mujeres. Previsión de licencias laborales en el ámbito educativo público y privado, a quienes se encuentren atravesando situaciones de violencia.

• Creación de centros de atención y protección a víctimas de la violencia de género.

• Contar con información pública desagregada por género, que aborde la problemática de la violencia en sus distintas modalidades – laboral, institucional, doméstica, contra la salud sexual y reproductiva- considerando las dimensiones de clases sociales, condiciones migratorias, discapacidad, diversidad sexual e identidad de género, entre otras.

El OVG señaló, por último, la persistencia de prácticas policiales violentas que utilizan la desnudez forzosa y el hostigamiento contra el colectivo trans y travestis. Además, expuso el crecimiento de la cantidad de mujeres encarceladas por microtráfico y pidió que sean revisados los obstáculos que les impiden acceder a medidas alternativas a la prisión.