El Defensor del Pueblo de la Provincia, Marcelo Honores, expuso ante el Relator Especial de las Naciones Unidas. Casos paradigmáticos.
Honores expone ante el Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo de las Naciones Unidas, Mutuma Ruteere, y el subsecretario general a cargo de la Defensoría nacional, Juan Böckel.
Una radiografía sobre discriminación, xenofobia y racismo en la Argentina y sus expresiones en territorio bonaerense, formularon las defensorías del Pueblo de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Escobar, ante el Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo de las Naciones Unidas, Mutuma Ruteere, durante un encuentro promovido por el diplomático.
En ese marco, el subsecretario general a cargo de la Defensoría nacional, Juan Böckel, abordó la temática planteada por Ruteere desde las actuaciones de esa organización en materia de reparación de derechos de los pueblos indígenas.
Böckel se explayó sobre un caso emblemático, que se judicializó y tomó intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los episodios de vulneración de derechos de los pueblos originarios de Chaco. Recordó que la Defensoría logró visibilizar el tema y una medida cautelar del máximo tribunal ordenó garantizar el derecho a una vida digna de esa población Toba, lo que se tradujo en mejorar las condiciones de alimentación, de acceso al agua potable, a la salud y a un sistema de transporte.
El secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, a todo esto, sostuvo que la organización que conduce «no es neutral: estamos del lado de los sectores más vulnerables de la sociedad, para proteger y promover sus derechos».
Bajo esa perspectiva, Honores detalló las intervenciones de la Defensoría bonaerense en materia de promoción de derechos de los pueblos originarios de la ciudad de Los Toldos, en particular el trabajo articulado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que apunta a la regularización de los títulos de propiedad de las tierras que los Mapuches habitan en esa localidad.
Asimismo y a requerimiento de Ruteere, Honores explicó las actuaciones de la organización que conduce frente a los graves episodios que se registraron en Mar del Plata por el accionar violento de un grupo neonazi que, fundamentalmente, atacó y promovió la violencia contra el colectivo LTGBI, en una intervención conjunta con la Defensoría del Pueblo de ese distrito y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Un fallo judicial que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría, consideró «xenófobo y discriminatorio» de las personas trans y travestis extranjeras, también motivó la reflexión de Honores, que explicó la sentencia de un tribunal de La Plata que condenó a Claudia, una persona trans de nacionalidad peruana, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, al considerar como agravante su condición de migrante.
A su turno, la Defensora del Pueblo de Escobar y secretaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Rocío Fernández, expuso sobre las dificultades de convivencia que atraviesa la comunidad boliviana radicada en ese distrito y puntualizó las gestiones que esa organización realiza en forma sistemática en materia de regularización de la documentación de las personas migrantes.
Ruteere, en su primera visita a la Argentina, se interesó sobre episodios de racismo, violencia policial sobre los grupos minoritarios más vulnerables y el accionar de grupos neonazis. Requirió información sobre casos de discriminación empresaria a la hora de contratar personal y preguntó sobre discriminación racial.
Los defensores coincidieron en que el mayor factor de discriminación en nuestro país es la pobreza y en ese sentido ejemplificaron que «la mayoría de los migrantes y la población indígena, precisamente, son personas de bajos recursos».