Por Karina Banfi (*) – Columna de la Agencia Telam
El abuso de la pauta publicitaria gubernamental fue otro capítulo más de la irregularidad y la injusticia transformadas en política de Estado». En estas dos líneas publicadas en el informe «El Estado del Estado» se advierte una de las causas principales que derivaron en el vaciamiento que tuvieron que soportar los trabajadores del Grupo 23 (Radio América y Tiempo Argentino, entre otros), liderado por el empresario Sergio Szpolski.
En el mismo informe se establece además que, durante el 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner gastó más de 2.200 millones de pesos en publicidad oficial. El doble de lo que se aprobó en el Presupuesto al momento de votarse. La razón social que recibió más pauta (89 millones) fue Balkbrug S.A., editora del diario El Argentino, también del grupo presidido por Szpolski.
La publicidad oficial se paga con plata de todos. La entrega de cifras descomunales al Grupo 23 no solo representó una estafa para todos los argentinos, sino que tenemos que considerarlo en el estrecho vínculo con el ejercicio de la libertad de expresión.
Como lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando el Estado asigna recursos por publicidad en forma arbitraria y discriminatoria se viola el derecho a la libertad de expresión. Es evidente que en la asignación de fondos públicos que referimos no hubo un criterio objetivo de distribución, sino que primó la arbitrariedad. Es entonces, igualmente claro que se violó la libertad de expresión.
Si un gobierno adopta la decisión de asignar o no publicidad oficial basándose meramente en la ideología impartida por el medio de comunicación se contravienen los principios sobre la libertad de expresión que fueron declarados por las naciones americanas en el año 2000. Es claro: la asignación de publicidad oficial que tiene por finalidad la de beneficiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas es violatoria de la libertad de expresión y resulta imperiosa su prohibición expresa por ley.
Es el tiempo del cambio. La regulación de la pauta oficial es una necesidad de la democracia. Resulta fundamental asegurar, en virtud de los lineamientos establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la publicidad oficial se distribuya de un modo transparente y objetivo. Se debe garantizar que tenga fines de utilidad pública, que sirva para mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía y que, a su vez, se eviten violaciones a los derechos humanos y que se lleven a cabo usos indebidos de los recursos públicos.
(*) Diputada Nacional de la UCR en Cambiemos. Vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión.