Pasaron revista a la avalancha de reclamos que atendió el área de salud desde que arrancó el ASPO. Y pusieron el foco en el proyecto legislativo que regula el autocultivo, la producción y la venta de cannabis para uso medicinal, terapéutico e industrial.
El funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y los múltiples roles que se vio obligada a asumir desde el mismo momento en que se desató la pandemia, en resguardo de los derechos y garantías de los bonaerenses, analizaron en profundidad el Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, y el diputado provincial, Maximiliano Abad.
Puntualmente, Abad se interesó en las acciones emprendió la Defensoría durante el 2020 y los primeros meses de 2021, primero en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), y de ahí en adelante en las fases en que fue evolucionando el combate contra el COVID-19 y su incidencia sobre los derechos de las personas.
El seguimiento de los temas de salud, propios del área que conduce Honores, ocuparon un espacio central del encuentro, básicamente a partir de la avalancha de reclamos que se atendieron y gestionaron, como correlato de la cancelación de intervenciones; suspensión de estudios diagnósticos e interrupción de consultas, escenario que caracterizó al largo período de ASPO en todo el sistema de salud pública, por entonces volcado de lleno – en función de la emergencia- a la atención del coronavirus.
Honores y Abad, que preside el bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Legislatura, compartieron un encuentro de trabajo en la ciudad de Mar del Plata, durante el que también pasaron revista al abanico de leyes que tienen estado parlamentario y vienen madurando en una labor conjunta entre la Defensoría y la Cámara.
En esa línea, la norma que regula el autocultivo, la producción y la venta de cannabis para uso medicinal, terapéutico e industrial fue motivo de un largo intercambio de ideas, con el espíritu de sacar adelante el proyecto que además crea la Agencia Provincial de Cannabis.
La iniciativa en cuestión, básicamente, contempla la adhesión a la ley nacional y se concentra en el cultivo personal controlado en hogares y sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, la producción pública y privada, la importación y exportación, la creación de un banco de semillas y de genéticas de la planta y, por supuesto, la distribución gratuita en hospitales y centros de salud.
Asimismo, Honores y Abad analizaron cuestiones vinculadas a la salud mental en la Provincia y en ese aspecto, retomaron las conversaciones sobre la “urgente necesidad” de jerarquizar el estatus jurídico del Órgano de Revisión Local (ORL), que hoy tiene sustento en una resolución del ministerio de Salud, del año 2013, que otorgó su titularidad a la Defensoría del Pueblo.
En rigor, los funcionarios apuntan a desempolvar un proyecto de ley que cuenta con estado parlamentario, para que el Órgano de Revisión Local tenga creación legislativa. “Es importante que el Órgano cuente con certeza jurídica en torno a su existencia y funcionamiento, lo cual permitirá avanzar sólidamente en el cumplimiento de las obligaciones pendientes de la ley de Salud Mental”, coincidieron.
“Estos años de ejercicio nos han permitido verificar que un órgano verdaderamente independiente es de vital importancia para lograr progresivamente el cumplimiento de los compromisos que aún hoy se adeudan. La materialización de lo señalado en una ley provincial debiera ser el próximo hito en una serie de deberes pendientes que el Estado tiene en la materia”, concluyeron.