19-05-2014

Elaboran un protocolo para investigar la violencia de género

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires preparó una recomendación para el accionar de los fiscales penales. La propuesta pasó a la Procuración.

Cralos Bonicatto y Laurana Malacalza. La Defensoría del Pueblo metió manos en el procedimiento de los fiscales frente a denuncias penales de violencia de género.

Cralos Bonicatto y Laurana Malacalza. La Defensoría del Pueblo metió manos en el procedimiento de los fiscales frente a denuncias penales de violencia de género.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires elaboró una serie de recomendaciones para que los fiscales penales mejoren la recolección de pruebas, unifiquen causas y eviten revictimizar a las mujeres que padecen maltrato físico o psicológico.

Se trata de una propuesta de protocolo elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense que será enviado a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para su evaluación.

Carlos Bonicatto, defensor del Pueblo bonaerense El defensor del Pueblo bonaerense, expresó a Télam que “la erradicación de la violencia de género es un tema fundamental de trabajo para la Defensoría” y sostuvo que “nuestra política es aportar los datos que constatamos de la realidad y elevarlos a los organismos competentes para incidir en la construcción de políticas públicas”.

“No todos los casos se denuncian sino que muchos se abandonan porque las personas no pueden salir del núcleo social, con problemas de vivienda, por los hijos; esta violencia afecta el trabajo de la persona y su desarrollo personal, y en muchos casos la mujer vuelve y se revictimiza”, afirmó.

La coordinadora del Observatorio de Violencia de Género, Laurana Malacalza, explicó que los lineamientos “surgieron a partir de lo observado desde el OVG, el relevamiento de las causas penales y las quejas de víctimas recepcionadas en los tres años de funcionamiento del Observatorio”.

“Nuestra política es aportar los datos que constatamos de la realidad y elevarlos a los organismos competentes para incidir en la construcción de políticas públicas” – CARLOS BONICATTO

Denuncias que se archivan, causas previas contra el agresor que no son tenidas en cuenta y víctimas que deben buscar pruebas y someterse a interminables declaraciones donde reviven sus padecimientos, motivaron a la Defensoría a trabajar en la elaboración de un protocolo.

Malacalza explicó que estas recomendaciones tienen por objetivo “optimizar el acceso a la Justicia por parte de la víctima, disminuir la revictimización y articular los distintos ámbitos que intervienen para brindar una mejor asistencia y protección“.

Sostuvo que “hay un déficit en el accionar de la Justicia y es necesaria una articulación más aceitada y evitar que se desintegren las causas debido a que intervienen distintas investigaciones penales, por eso es necesario que se unifiquen las causas donde hay un mismo agresor”.

Tras explicar que el circuito que sigue una denuncia judicial por violencia familiar supone que la propia víctima procure los testigos que avalen lo denunciado, con lo que esto implica de desgaste emocional, Malacalza enfatizó que “es el Estado el que debe investigar”.

El documento elaborado por la Defensoría, al que accedió Télam, expresa que “sería aconsejable” que al momento de que se formule una denuncia por violencia de género “la misma sea concebida en términos de declaración testimonial de la damnificada prestada en sede policial”.

Esto implica que “en ese mismo momento sea consultada sobre distintos aspectos que serán de utilidad para la investigación penal, a fin de no requerir nuevamente de su testimonio”.

“Los instructores del Ministerio Público deberían establecer plazos perentorios para la realización de medidas, a fin de que aquellas medidas que dependan de las víctimas sean evacuadas al momento que la denunciante llega por primera vez a sede policial”, piden desde la Defensoría.

Afirman además que “el especial valor que tiene el testimonio de la víctima no releva al Estado de su deber de investigar con debida diligencia los hechos de violencia contra las mujeres ni, por consiguiente, de extremar todos los esfuerzos a su alcance para reunir elementos de prueba adicionales en caso de que los hubiere”.

“En la medida que sea posible, corresponde evitar que la responsabilidad exclusiva de acreditar los hechos recaiga sobre la víctima”, enfatizan.

También aconsejan unificar las causas con un mismo agresor, ya que “la tramitación conjunta de los hechos denunciados por otro lado disminuiría los riesgos de revictimización, ya que evita que los testigos y víctimas sean citados en numerosas oportunidades a diferentes sedes judiciales a declarar aisladamente por los diferentes hechos”.

Esos antecedentes “pueden ser un significativo indicador del peligro procesal y riesgo para las víctimas en virtud de dar cuenta de una situación de violencia”.