19-08-2015

El candidato que el modelo supo conseguir

Por Pablo Morosi (*) – Especial para F5 Diario

Scioli y Cristina KirchnerPablo MorosiPlagada de prejuicios, recelos y callejones oscuros la relación entre el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Osvaldo Scioli y buena parte de lo que genéricamente se conoce como kirchnerismo encuentra asidero, sobre todo, en un ácido y continuo cuestionamiento a su capacidad de gestión que se monta sobre un reproche a su historia personal y política.

Así las cosas, no está demás revisar aquellas zonas de los programas desplegados por Scioli en la provincia de Buenos Aires que han sido y aún hoy son – aunque acallados- objeto de cuestionamientos de parte de un amplio espectro del oficialismo y que pueden llegar a convertirse en puntos de fricción de cara al desafío del oficialismo por mantener la Presidencia y llevar adelante una gestión autoproclamada como una “continuidad con cambios”.

Fue precisamente un sector del Gobierno, encabezado por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en su rol de frustrado contrincante en la – también frustrada- interna partidaria, el que calificó al gobernador bonaerense como uno de los postulantes del establishment y criticó su pasado ligado a Carlos Menem.

Sin que nadie del oficialismo lo contradijera Randazzo se ocupó, además, de decir que el gobierno de Scioli era lisa y llanamente un “desastre”. A la referencia genérica el Ministro se encargó de adosar algo de su conocimiento específico al calificar de “debacle” la situación de los trenes bonaerenses gerenciados por la firma estatal Ferrobairres, dependiente de la Provincia.

Previo a las primarias, en su paso por el programa propagandístico «678», en el que se sometió a las críticas recurrentes del kirchnerismo, el Gobernador eludió con su habitual destreza una pregunta que dejaba ver otro de los puntos de roce: la consuetudinaria violación de derechos que ocurre dentro de los calabozos de la Provincia advertida desde hace años por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y por otros sectores tanto de la oposición como del propio oficialismo. Según la CPM la población carcelaria registró un crecimiento interanual del 9,6 por ciento que llevó a un récord de 35 mil presos de los que 304 murieron el último año en calabozos bonaerenses.

En materia de Derechos Humanos Scioli carga, además, con la mochila de varias declaraciones que crispan al kirchnerismo como, por ejemplo, haber expresado su reparo por la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en los albores de la gestión de Néstor Kirchner.

En ese contexto, la decisión de desandar los intentos de reforma de la policía bonaerense y reorganizar la cúpula de la institución generó el primero de una serie de cortocircuitos que se dieron al interior del FPV a lo largo de los dos mandatos de Scioli en la Provincia. No se olvida la tensión ostensible entre el sciolismo y la por entonces ministra de Seguridad Nilda Garré y su entorno. A ello se sumó, en septiembre de 2010 el reto público de Kirchner para que el Gobernador “diga quien le ata las manos” para luchar contra la inseguridad. Entonces desde la Gobernación desviaron hacia los jueces permeables a liberar delincuentes las especulaciones de que Scioli se refería al gobierno nacional.

La continuidad de casos de brutalidad policial y los lazos oscuros entre los comisarios y caudillos políticos del conurbano – un problema irresuelto por los sucesivos gobiernos bonaerenses desde la reinstauración de las instituciones en 1983- generaron cruces que se manifestaron también a la hora de discutir la iniciativa de las policías locales; una ley cuya letra la Legislatura aprobó sensiblemente modificada respecto de la propuesta original elaborada por el sciolismo. En estos años, mientras fue diputado provincial por Nuevo Encuentro el experto en seguridad Marcelo Saín, actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, fue uno de los principales sostenedores de las diatribas kirchneristas hacia la política de seguridad de Scioli.

El propio vicegobernador Gabriel Mariotto promovió investigar las irregularidades detectadas alrededor del crimen de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en agosto de 2011, que terminó en un informe en el que se reprochó con dureza el accionar policial e incluso se sugirió la separación de varios comisarios incluido nada menos que el jefe de la fuerza, Hugo Matzkin. Scioli no cedió y mantuvo al oficial y a su jefe directo, el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, un réprobo para el cosmos kirchnerista.

Durante toda la primera parte del segundo mandato de Scioli, el vicegobernador se erigió en vocero de los señalamientos del kirchnerismo por cuestiones como el juego de azar y la distribución de la publicidad oficial.

A principios de agosto de 2012, la pedagoga Silvina Gvirtz renunció a su cargo como Directora General de Escuela de la Provincia cuestionando un paquete de medidas de ajuste para el sector dispuestas desde la Gobernación. A su salida le siguió desde las huestes K toda una serie de cuestionamientos que arrancaron por señalar la falta de idoneidad de su reemplazante, Nora de Lucía. “La política educativa en la Provincia es pésima. No hay gestión y eso se nota con solo entrar en cualquier escuela”, se le escuchó decir, semanas atrás, a Adriana Puiggrós, referente del pensamiento kirchnerista sobre la educación y ex titular de la cartera de Educación bonaerense durante la gobernación de Felipe Solá. Programas vacíos de contenido y problemas de infraestructura resumen el planteo básico de Puiggrós compartido por los gremios docentes alineados con el oficialismo como Suteba.

Como una forma de marcar alineamiento con la política nacional para con el campo en materia de políticas agropecuarias Scioli se ha encargado de subrayar últimamente su decisión de actualizar el Impuesto Inmobiliario rural, una medida que como le gusta decir al mandatario provincial no tenía antecedentes en los últimos 50 años.

En rigor, se trató de una decisión aislada adoptada ante la severa encrucijada planteada por la falta de recursos y de aportes del Gobierno Nacional a mediados de 2012 para hacer frente al pago del aguinaldo de los empleados estatales que jaqueaba el funcionamiento de la administración provincial. En cambio, no faltaron los entredichos entre sectores del Gobierno Nacional y el actual ministro provincial de Asuntos Agrarios, Alejandro Rodríguez, alrededor de los niveles de retenciones de diversos cultivos.

Representantes agropecuarios revelan que Scioli y su equipo siempre buscó acercamientos pero siempre terminó plegándose a las políticas oficiales para el sector. Esos “guiños de autonomía” han sido una constante en esta y otras áreas. En el kirchnerismo recuerdan con fastidio la realización, en octubre del año pasado, de una jornada sobre agroindustria que Scioli compartió con el empresario sojero Gustavo Grobocopatel, una figura que no goza de la simpatía de los más fieles seguidores de Cristina Kirchner.

En aquella crisis de los aguinaldos de 2012 fue la propia Presidenta quien – sin mencionar a Scioli- exigió mejorar la administración y por cadena nacional dijo que la provincia de Buenos Aires había recibido un fortísimo auxilio financiero desde 2003. Detrás de ella varios funcionarios calificaron de “mala” la administración bonaerense y hasta se analizó en Olivos la posibilidad de una intervención federal al mayor distrito del país, alternativa que habría sido sugerida por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, actual compañero de fórmula de Scioli.

Las diferencias de algunos de los asesores económicos de Daniel Scioli como Miguel Bein o Mario Blejer con el ministro de Economía Axel Kicillof son notorias y preanuncian que la decisión sobre quién ocupará la cartera Económica en caso de acceder al Gobierno será una de las de más compleja resolución.

En mayo último y ante 500 empresarios Bein se mostró partidario de negociar con los holdouts y hasta propuso una quita del 30 por ciento del capital del monto de la actual sentencia. Además, entre los técnicos que trabajan con las líneas de acción para políticas públicas de un eventual futuro gobierno de Daniel Scioli en la Fundación Desarrollo Argentino (DAR), comandada por su hermano, José Scioli, se habla de un desmonte gradual del cepo cambiario y estrategias antiinflacionarias. Todo esto ha provocado un inocultable fastidio en el Palacio de Hacienda.

Quizás para evitar que crezca la tensión que generan figuras como Bein es que desde varios despachos de La Plata se empezó a fogonear el nombre de Silvina Batakis, actual ministra de Economía provincial como posible sucesora del Kicillof.

Sin embargo, en el bunker sciolista de campaña, en la sede porteña del Banco Provincia, aseguran que “no hay números puestos” para la conformación del equipo de colaboradores que acompañaría a Scioli al frente del Poder Ejecutivo ni en ese ni en ningún otro puesto. No obstante, en un escenario de fuertes tironeos y propuestas cruzadas, los nombres del jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez y del secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, circulan con mucha fuerza en los últimos días como candidatos a integrar el staff que desembarcaría en Balcarce 50. Todos saben, empero, que falta un largo trecho y que muchos de los nombres que suenan al comienzo suelen quedar en el camino y los cargos terminan por definirse, siempre, a último momento.

Tanto en la Casa Rosada como en la Gobernación coinciden en que el esquema acordado recuesta al kirchnerismo en el Congreso y “deja libre” a Scioli para armar el gabinete. Saben también en que para armonizar el trance de una administración a la otra debe primar un fino equilibro en el armado del equipo de ministros y un necesario acuerdo global que permita que las diferencias se atenúen y se evite un abismo irreconciliable.

Con máximo celo, en la Gobernación sólo adelantan que las principales áreas para un eventual futuro equipo de gobierno serán Economía y Cancillería.

Finalmente, la política respecto de los medios de comunicación que llevaría adelante Daniel Scioli de obtener la presidencia también ha sido un punto que aun genera inquietud al interior del FPV.

“Hay una ley que, como toda ley, debe cumplirse”, repite una y otra vez el precandidato del oficialismo al sillón de Rivadavia cuando se le pregunta por la denominada “ley de medios”. Se sabe que Scioli, ajeno a la tradicional construcción territorial, ha erigido su legitimidad política a partir de un aceitado vínculo con los medios de comunicación y nadie en el oficialismo – ni en la oposición- cree que existan condiciones objetivas para que esto se revierta.

El despliegue militante y discursivo que llevó adelante el kirchnerismo alrededor de la identificación del rol político de los medios como un enemigo a combatir transforma este asunto en uno de los primeros focos de atención y de roce casi inevitable. En 2012 el bloque de senadores del FPV aprobó un pedido de informes impulsado por la oposición para que Scioli diera explicaciones sobre cuánto gastaba en publicidad; la segunda intención de aquella iniciativa era develar cuales eran los medios y periodistas apoyados desde la Gobernación.

“Scioli es el principal portavoz de su gobierno y las herramientas de comunicación de la gestión van a ser las mismas que se están usando en la Provincia. Daniel va a todos lados y habla con todos”, explican los hombres dedicados a delinear la imagen pública del Gobernador consultados sobre la política que, en caso de ganar la elección, desarrollarían para con los medios de comunicación.

(*) Periodista.