Un estudio de 2016 revela que de 1.172 liberados, 274 no volvieron nunca. En 2017, de 345 beneficiados, 74 jamás regresaron. Cifras que alarman.
El 23% de los presos alojados en cárceles de la Provincia que gozan del beneficio de salidas transitorias, cumplido el plazo no regresa y pasan a engrosar la larga lista de prófugos de la Justicia, estableció el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), al puntualizar que en tres meses y medio de 2017, sobre 345 internos que abandonaron las unidades con autorización, 74 jamás volvieron.
En las últimas semanas, resonantes casos reinstalaron el debate sobre el régimen de salidas de los presos, a tal punto que la gobernadora, María Eugenia Vidal, empuja y adhiere a la modificación del Código Penal, y en particular promueve una modificación al régimen de excarcelaciones, que evite las salidas de los delincuentes que fueron condenados por homicidios o delitos sexuales.
En ese escenario, en la Provincia – en lo que va de 2017- un preso cada 33 horas no regresa de las salidas transitorias. El dato es oficial y preocupa, sobre todo porque los “liberados” suelen protagonizar hechos de inseguridad estando prófugos.
Entre enero y mediados de abril, los jueces ya otorgaron 345 salidas transitorias y 74 de los presos que salieron de los distintos penales nunca regresaron. De acuerdo a la ley vigente, los magistrados pueden conceder el beneficio de salir por unas horas de la cárcel a los detenidos a partir del cumplimiento efectivo de la mitad de la condena.
La estadística del año pasado indica que 1.172 internos accedieron a salidas transitorias y 274 no retornaron en tiempo y forma. Esto significa que el 23,37% no respetó el beneficio. Es decir, uno de cada cuatro presos pasa a la categoría de evadido y prófugo de la Justicia.
De acuerdo al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), al analizar la situación de los penales a diciembre de 2015 se reveló que la población carcelaria era por entonces de 71.464 internos, la cifra más alta de los últimos diez años.
Debate sobre el Código Penal
A todo esto, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, dio un crudo diagnóstico: hay cerca de 34.000 presos, mientras que la capacidad en plazas es para unos 25.000. Es decir que el hacinamiento alcanza casi a 10.000 reclusos.
Ferrari reconoce dos cuestiones claves: la falta de recursos para construir cárceles sin la actualización del Fondo del Conurbano, y la necesidad de reformar el Código Penal para que los delincuentes detenidos por delitos graves, como homicidios y violaciones, cumplan la pena sin ningún tipo de beneficios, esto es libertad condicional o salidas transitorias.
“Los artículos 13 y 24 del Código Penal tienen que ser revisados”, dijo el funcionario provincial, quien añadió que “hay una comisión que está en el marco del inisterio de Justicia de la Nación que está trabajando en la reforma del Código Penal, por lo tanto resulta oportuno que miremos a las víctimas”.
Ferrari opinó que “en estos delitos de semejante gravedad, si alguien es condenado a 25 años tiene que cumplir los 25 años”. Además, dijo que esta posibilidad de revisar las condenas “significa un menoscabo del derecho de las víctimas”. Y agregó que “es oportuno el debate sobre el Código Penal y proteger los derechos de los damnificados”, pero aclaró que “hay que atender a la gravedad de los delitos. Y creo que el debate hay que darlo”.
“Esto no significa que no tengamos que trabajar en la reinserción social de aquellas personas que cometen delitos de inferior gravedad”, y destacó que “la Gobernadora está absolutamente comprometida con la idea de que el sistema carcelario se incorpore al sistema de seguridad y trabajemos la educación, el trabajo y el deporte de aquellas personas que están detenidas”. InfoGEI