20-12-2016

Defensores del Pueblo ponen la lupa sobre la designación del ombudsman bonaerense

Piden que sea elegido por la legislación vigente. Y siembran dudas sobre los cambios que podría sufrir la ley que regula el funcionamiento de la institución.

legislaturaLas negociaciones contrarreloj que entrelazan al Ejecutivo y la Legislatura para designar a un nuevo Defensor del Pueblo en la Provincia, en medio de los tiras y aflojes por el Presupuesto 2017 y el endeudamiento que requiere la gobernadora, María Eugenia Vidal, abrieron en las últimas horas un nuevo y controvertido capítulo cuando Adpra, la Asociación que nuclea a los defensores en todo el país, salió a reclamar que la designación del ombudsman bonaerense se haga de acuerdo a la normativa vigente “dejando toda discusión en torno a esa materia para un futuro mediato”.

En efecto, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que nuclea a casi 50 instituciones ombudsman, entre provinciales y ciudadanas de todo el país, se expidió en ese sentido sobre los proyectos en danza que dejan de lado los vigentes mecanismos de designación y que fueron establecidos en el artículo 55 de la Constitución provincial y la ley 13.834, que regula el accionar del Defensor.

Los defensores plantearon su inquietud a través de 20 cartas, dirigidas a la gobernadora María Eugenia Vidal; al vicegobernador y presidente del Senado, Daniel Salvador; y al titular de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini, además de a los 17 presidentes de las bancadas que componen el cien por ciento del universo político en ambos recintos de la Legislatura provincial.

En la Legislatura se discute, por estas horas, un proyecto que apunta a la creación de entre 4 y 5 adjuntías temáticas para acompañar la gestión del Defensor del Pueblo. En sintonía, se modifica – por esta única vez- el mecanismo de designación, constituyéndose la Cámara iniciadora del trámite en comisión, la que deberá “proponer los nombres de los candidatos a cubrir los cargos de Defensor del Pueblo, Defensor Adjunto General, Defensor Adjunto de Derechos Sociales, Defensor Adjunto de Derechos de Consumidores y Usuarios y Defensor Adjunto de Derechos Humanos”, señala la iniciativa en ciernes.

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Facsímil de la carta que los defensores del Pueblo le mandaron a Vidal, Salvador, Sarghini y a los presidentes de todos los bloques de la Legislatura.

Con la firma del presidente de Adpra, y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y la secretaria, la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, la misiva que recibieron hoy la Gobernadora y los legisladores sostiene que “la designación del Defensor del Pueblo debe hacerse ajustándose al principio de independencia” y destaca que “es imprescindible que su persona esté fuera de toda sospecha de subordinación al poder político”.

En esa línea, recuerda que el Defensor del Pueblo “es una institución independiente no sólo del poder administrador, sino también de la propia Legislatura”.

Puntualmente, sobre las controvertidas variantes en el proceso de selección que hoy se discuten, la carta de los ombudsman señala que “la ley 13.834 le dio al pueblo la posibilidad de expresar sus opiniones en torno a los candidatos propuestos bajo un formato que asegura de algún modo el involucramiento de la sociedad civil, imprescindible en el caso de una designación de esta naturaleza”.

A su vez, deslizan la posibilidad de que las variantes que se introducirían a la ley que regula la tarea del Defensor, colocarían a la institución bonaerense en colisión con los tratados y estándares internacionales que rigen a organizaciones homólogas de derechos humanos. “Existe toda una doctrina de instituciones internacionales que agrupan a los defensores y defensoras del Pueblo sobre esta cuestión, como los llamados Principios de París, relativos al status de las instituciones nacionales de defensa y promoción de los Derechos Humanos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1992 y por la Asamblea General en 1993, como ha sido repetidamente recomendado por las Organización de las Naciones Unidas”, puntualiza.

“Con estas apreciaciones, donde queda expresada la postura que guía el espíritu de la designación del Defensor del Pueblo y la preocupación ante las eventualidades que se han suscitado, esperamos que todo el proceso pueda desarrollarse dentro de los parámetros democráticos que guían la conformación y desempeño de esta figura clave para la protección de los derechos de los ciudadanos”, concluye el texto de Adpra.

Además de Vidal, Salvador y Sarghini, recibieron la misiva los presidentes de todos los bloques en las dos cámaras. En Diputados, Mónica López (Peronismo Bonaerense); Guillermo Kane Caceres (Frente de Izquierda y Trabajador); Mario Giacobbe (Justicialismo Bonaerense); Marcelo Díaz (Frente Amplio Progresista); Graciela Rego (Peronismo para la Victoria – FpV); Walter Abarca (FpV – PJ); José Ottavis (FpV); Juan Amondarain (Frente Renovador) y Jorge Silvestre (Cambiemos). Y en Senadores: Ada Sierra (FpV); Daniel Barrera (PJ); Patricio García (Peronista); Roberto Costa (Cambiemos); Jorge D´Onofrio (Frente Renovador); Omar Foglia (8 de Enero); María Fernanda Campo (Néstor Kirchner) y Roque Cariglino (Justicialismo Bonaerense).