El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia destacó la resolución judicial que prohibe la difusión de imágenes o comentarios que violen su integridad personal.
Marcelo Honores, Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud de la Provincia.
El reciente fallo judicial, vinculado a un caso de ciberacoso, que ordena a una escuela secundaria de Corrientes a trasmitir al alumnado y a la comunidad educativa que se “abstenga” de difundir, reproducir o comentar imágenes de niños y adolescentes que “violen su integridad personal”, bajo apercibimiento de disponer acciones penales, recibió el firme respaldo del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud de la Provincia, Marcelo Honores.
En ese sentido, Honores, que dirige en la Defensoría el programa el programa “Conflictos en el ámbito escolar”, apoyó la decisión del juez que también prohíbe la realización de publicaciones que “afecten la privacidad y la integridad moral de la adolescente” en cuestión, en una medida de “carácter obligatoria para todos los integrantes de la sociedad”.
El Defensor Adjunto reflexionó que “es difícil lograr la absoluta protección de los niños en la Web u otros dispositivos a distancia, porque los buscadores de Internet no monitorean el contenido que se sube, sino que recién actúan y bloquean accesos una vez que toman conocimiento del ilícito, circunstancia que generalmente sucede cuando el afectado lo notifica”.
En esa línea, sostuvo que “debemos hacer foco en la vulnerabilidad de las personas menores de edad, razón por la cual se encuentran en la base de las leyes de protección que consideran siempre el interés superior del niño”.
“Es la dificultad de proteger a quienes no son conscientes de que necesitan protección – en este casos los chicos- la que presenta mayores desafíos”, señaló Honores. Y recordó que la Convención de los Derechos del Niño responsabiliza a los padres “de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos” en esa norma de carácter internacional.
Por otra parte, sostuvo que el vértigo de los niños en la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación, “no es acompañado con la madurez que les permita entender la necesidad de proteger sus datos y su intimidad, por lo que pueden sufrir consecuencias otras personas, pero ellos mismos tendrán una mayor desprotección”.
El fallo del magistrado correntino, que analizó la exposición y viralización de imágenes en las redes, estableció que “estamos en presencia de una situación conflictiva entre adolescentes, inserta en un dinámica teñida de conductas deliberadas con un alto tenor de amedrentamiento, extorsión, afectación de la integridad, de invasión de la misma, y violencia psicológica, que deben atenderse”.
“No se trata de acusar, reprochar una conducta determinada a un adolescentes y estigmatizar como víctima a la otra adolescente, – amplía la sentencia- sino, más bien, resguardarlos, atenderlos, ocuparse y preocuparse por la situación, haciéndoles saber y conocer de los riesgos, de las consecuencias y circunstancias a la que indudablemente pueden desembocar los hechos relatados”.
El magistrado, en su resolución, apunta en primer lugar sobre los padres, por no ejercer “el mayor control” sobre el uso que los chicos hacen de “estos aparatos o medios masivos de contacto”, pero también dedica un párrafo a la “sociedad y el Estado” para que actúen con la “responsabilidad” y “cuidado” sobre el universo de niños, niñas y adolescentes.
Honores concluyó que el resonante caso de Corrientes “nos vuelve colocar frente al desafío, como padres, sociedad y Estado, de un mundo vertiginoso, en cambio permanente, con tecnologías que mutan y se multiplican a una velocidad inédita”, y en esa línea opinó que “la familia y la escuela, que acompaña y ayuda sin escandalizar ni intimidar, siguen siendo la respuesta a gran parte de los problemas de los chicos”.